El caso de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano sumó un nuevo giro luego de que su defensa se opusiera a una moción de la Fiscalía federal para modificar el expediente del juicio que resultó en su condena.
Según la abogada Kendys Pimentel Soto, el jurado habría recibido durante sus deliberaciones una grabación en español que nunca fue admitida formalmente como evidencia ni traducida al inglés, lo que podría constituir un error procesal grave. Pimentel Soto presentó una moción de 13 páginas ante el Tribunal federal en Puerto Rico en el marco de la apelación que se evalúa en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.
La defensa sostiene que la grabación etiquetada como Gov-601 no corresponde a la que el gobierno presentó en sala. Argumenta que el jurado escuchó un audio distinto, no autenticado ni traducido, con una conversación que menciona pagos de 500 y 1,000 dólares. Esto, según Pimentel Soto, vulneró los derechos de Charbonier Laureano a confrontar y contrainterrogar la evidencia en su contra.
En el documento judicial, la abogada subraya que la Fiscalía pretende ahora “corregir” el expediente mediante la inclusión de una grabación y su traducción, a pesar de que el Tribunal carece de jurisdicción para alterar el expediente mientras el caso está en apelación. La defensa pidió la anulación de la condena de Charbonier Laureano y su esposo, Orlando Montes Rivera, o la celebración de un nuevo juicio.
La Fiscalía federal, representada por la fiscal María Montañez Concepción, solicitó al Tribunal de Distrito permitir la incorporación del audio correcto con su respectiva traducción al inglés, alegando que se trata del archivo verdaderamente reproducido ante el jurado. Sin embargo, la defensa insiste en que tal inclusión alteraría indebidamente el récord judicial.
Charbonier Laureano y su esposo fueron encontrados culpables el 12 de enero de 2024 por conspiración, soborno, fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero. La exlegisladora fue sentenciada a ocho años de prisión y dos de libertad supervisada; su esposo recibió cuatro años y nueve meses de cárcel. Según la acusación federal, infló el salario de su secretaria Frances Acevedo Ceballos para luego recibir comisiones, lo que causó una pérdida de $136,500 en fondos federales.
La exrepresentante presentó su apelación en junio de 2024 con el argumento de que el jurado basó su veredicto en evidencia extrínseca. La defensa califica la grabación como “una pieza poderosa fuera de contexto” que pudo influir en el jurado, planteando así una violación al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones de Boston deberá determinar si el alegado error justifica revertir la sentencia.
