Washington – En el distrito escolar de Pennridge, en Pensilvania, familias afroamericanas denunciaron que sus hijos eran objeto de insultos racistas por parte de compañeros blancos que los llamaban “esclavos” o “monos”. En 2024, los padres presentaron una queja ante el Departamento de Educación de Estados Unidos, con la esperanza de que la agencia interviniera. Sin embargo, la querella terminó entre miles de casos pendientes tras los despidos masivos aplicados durante la administración Trump.
Adrienne King, madre de dos niñas y presidenta de la sección del condado de Bucks de la NAACP, dijo que la inacción federal genera frustración y desilusión. “Había la expectativa de que algo iba a suceder. Cuando no pasó nada, fue una sensación vacía”, afirmó.
Uno de los principales deberes del Departamento de Educación es vigilar la discriminación en las escuelas, pero con menos personal y cambios de enfoque, esa función se ha debilitado. En respuesta, legisladores estatales analizan crear mecanismos propios. En Pensilvania, la senadora Lindsey Williams propuso establecer una oficina estatal de derechos civiles que sirva de modelo para otros estados. “Si el gobierno federal no defiende a nuestros estudiantes más vulnerables, yo lo haré”, dijo.
La iniciativa busca fortalecer instituciones locales como la Comisión de Relaciones Humanas de Pensilvania, que ya tiene facultad legal para atender casos escolares, aunque rara vez se usa para ello. La abogada Kristina Moon, del Education Law Center, ha comenzado a recomendar a las familias que acudan directamente a esa comisión. Según datos recientes, el Departamento de Educación tenía más de 300 investigaciones abiertas en Pensilvania a inicios de 2025, todas potencialmente transferibles al ámbito estatal.
Desireé Chang, directora de Educación de la Comisión, reconoció que asumir tantas denuncias sería un reto, pero aseguró que la agencia cumpliría su deber. “Una gran afluencia pondría peso sobre nosotros, pero lo haríamos”, dijo.
El presidente Donald Trump heredó una oficina ya saturada y, desde su llegada al cargo, los recortes han ralentizado aún más las investigaciones. Oficinas enteras en Filadelfia, Boston y Chicago fueron cerradas. Paralelamente, funcionarios del gobierno han dirigido parte de sus esfuerzos a cuestionar las políticas inclusivas hacia estudiantes transgénero, alegando que perjudican a niñas y mujeres.
En otros estados, resoluciones legislativas buscan llenar el vacío dejado por la inacción federal. En Maryland, se debate un proyecto que otorgaría a la Comisión de Derechos Civiles nuevas potestades para atender denuncias escolares. Glendora Hughes, asesora legal de la agencia, explicó: “Se han cerrado oficinas, se ha despedido a gente, los casos no se mueven; por eso queremos cubrir ese vacío”.
Casos similares surgen en Massachusetts, California y Luisiana. En este último, el Southern Poverty Law Center demandó a un distrito escolar por reducir injustificadamente la jornada escolar de un niño con autismo, un tipo de acción que antes habría manejado el gobierno federal.
Una de las herramientas más fuertes del Departamento de Educación es amenazar con retirar fondos federales a escuelas que violen derechos civiles. Sin esa presión, los estados enfrentan ahora el desafío de construir mecanismos equitativos. En Pennridge, las hijas de King siguen escuchando comentarios racistas en clase. “Tengo la sensación de que mis hijas han normalizado muchas cosas para sobrevivir”, lamentó la madre. “Solo quieren ser como los demás”.
Esta historia fue traducida y editada por El Nuevo Día.
