El Tribunal Supremo declaró “no ha lugar” la petición de Cobra Acquisitions, que buscaba una segunda reconsideración en la demanda de 12 municipios que reclaman el pago de arbitrios de construcción y patentes por los trabajos de restauración eléctrica realizados tras el huracán María en 2017.
Este era el último intento de la empresa para que el Supremo asumiera jurisdicción sobre el caso originado por los municipios de Salinas, Guayama y Humacao, que también impacta a Caguas, Guaynabo, Yabucoa, Ceiba, Arroyo, Las Piedras, Gurabo, Utuado y Patillas.
La decisión, fechada el 6 de febrero, fue tomada por un panel integrado por la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo y Ángel Colón Pérez. Con esto, Cobra, cuya sede está en Oklahoma, agota todos sus recursos de reconsideración ante el máximo foro judicial del país.
Originalmente, 13 municipios presentaron la demanda hace siete años. Solo Maunabo ha concluido su caso y prevalecido en el Supremo, aunque aún se espera una determinación sobre la cuantía de las patentes.
El pasado 12 de diciembre, el Supremo también había rechazado la primera solicitud de reconsideración de Cobra, presentada tras otro “no ha lugar” emitido en octubre. Apenas 24 horas después de ese revés, la empresa intentó nuevamente sin éxito.
“Los pleitos de los 12 municipios regresan al Tribunal de Primera Instancia con trámites distintos. Habrá que analizar cada caso y lo tramitaremos allí, donde estaremos sometiendo nuestras posturas de derecho”, explicó el abogado de Cobra, Ramón Rosario.
Rosario, presidente de la Asociación de Abogados de Puerto Rico y exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, se integró recientemente al equipo legal de la empresa junto al exjuez asociado retirado Edgardo Rivera García. El abogado Javier Rivera fue desplazado del grupo legal.
Ninguno de los alcaldes involucrados en el pleito ni sus representantes legales ofreció declaraciones tras la resolución del Supremo.
En su argumento principal, Cobra sostuvo que no debía pagar arbitrios ni patentes porque la exención aplicable a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la cobija y que asumir ese gasto impactaría la tarifa eléctrica.
En julio pasado, la Junta de Gobierno de la AEE, mediante la Junta de Supervisión Fiscal, aprobó pagarle a Cobra la mitad de los cerca de $400 millones que se le adeudan de los $1,300 millones facturados tras el huracán María. La jueza federal Laura Taylor Swain ratificó el pago como parte del Plan de Ajuste de la corporación pública bajo la ley Promesa.
Sin embargo, varios municipios —entre ellos Humacao, Yabucoa, Naguabo, Guayama, Cayey, Las Piedras y Caguas— recurrieron esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, foro que aún no se ha expresado.
