LUMA Energy planteó ante el Tribunal Federal que la reciente petición de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para suspender el proceso de revisión tarifaria contradice los argumentos del gobierno de Puerto Rico en su intento por anular el contrato con el operador privado del sistema eléctrico.
Según la empresa, la solicitud de la AEE evidencia que las controversias sobre el contrato están relacionadas con la reestructuración financiera de la corporación pública, lo que refuerza la jurisdicción del foro federal. El gobierno, por su parte, ha sostenido que las demandas de cancelación del acuerdo deben ventilarse en los tribunales estatales porque no afectan el proceso de quiebra de la AEE.
El planteamiento de LUMA busca desestimar la premisa central de las gestiones del Ejecutivo, al alegar que la suspensión de la revisión tarifaria —un proceso estrechamente vinculado a los ingresos proyectados de la corporación— demuestra la importancia directa del contrato dentro del escenario financiero de la AEE.
La disputa legal se enmarca en las controversias por la prestación del servicio eléctrico, los aumentos tarifarios y las responsabilidades entre el gobierno y el operador privado encargado de la transmisión y distribución de energía en la isla.
