El Departamento de la Vivienda iniciará un nuevo esfuerzo para identificar terrenos en Toa Baja donde puedan trasladarse las 187 familias de la comunidad Juana Matos, en Cataño, que viven en condiciones de alta vulnerabilidad ante inundaciones severas.
Pedro Carrión, líder comunitario, informó que la agencia sostendrá próximamente una reunión con el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García, y representantes de la comunidad. “Tuvimos un diálogo favorable porque no sabíamos lo que estaba pasando. Nos informaron que el proyecto sigue en pie y que se están contemplando nuevos terrenos bastante cerca de Cataño”, expresó Carrión.
Durante el encuentro, surgido tras reclamos vecinales, se comunicó que Vivienda ayudará a las familias interesadas a identificar unidades temporales donde permanecer mientras se concreta el proceso. “Esperamos que en las próximas semanas se nos convoque para reunirnos con el alcalde y empezar a explorar estos nuevos espacios”, añadió el líder.
La secretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, manifestó satisfacción con los avances y reafirmó que la seguridad y el bienestar de las familias son la prioridad. “Nuestro compromiso es claro: acompañar a cada familia, ofrecer orientación transparente y asegurar que cualquier decisión se tome con información completa y participación comunitaria”, indicó en declaraciones escritas. La funcionaria adelantó que se convocará a una reunión abierta con todos los residentes para presentar las alternativas de relocalización.
El programa, respaldado con $100 millones en fondos federales del Programa Multisectorial para la Mitigación Comunitaria bajo las Subvenciones en Bloque para Desarrollo Comunitario tras Desastres (CDBG-DR), busca relocalizar a las casi 200 familias que aún viven en el sector, considerado de alto riesgo frente a lluvias e impactos atmosféricos.
A mediados del año pasado, se había proyectado ubicar a los residentes en una nueva urbanización en el barrio Minillas de Bayamón, pero el terreno fue descartado por las características del suelo y los altos costos de construcción.
Según Carrión, el proyecto no es compulsorio: las familias pueden decidir si se trasladan o no. “Hay personas que no tienen interés porque residen en zonas donde no se inundan, pero la mayoría de quienes quieren moverse vive en las áreas más afectadas”, explicó.
El programa federal exige que el 60% de los residentes avale la reubicación, y hasta el momento el respaldo alcanza el 68%. Parte de la comunidad esperará a ver más avances antes de tomar una decisión final. Una vez se confirme el nuevo terreno, el diseño del proyecto se desarrollará con la colaboración de la organización Pathstone, que además asiste a las familias en el proceso y en la evaluación de elegibilidad para participar del programa.
