La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el Proyecto del Senado 297, que crea un protocolo de manejo en casos de terminación de embarazo en adolescentes de 15 años o menos en Puerto Rico. La nueva Ley 122-2025, presentada por la senadora Joanne Rodríguez Veve de Proyecto Dignidad, tipifica además como delito el obligar a una menor a abortar mediante fuerza, coacción o amenazas, imponiendo hasta tres años de prisión y una multa de $25,000.
Según dispone la medida, clínicas, hospitales y médicos que realicen procedimientos de aborto deberán cumplir con requisitos específicos, entre ellos obtener el consentimiento informado de al menos uno de los padres o del custodio legal, quien deberá estar presente durante el procedimiento. También deberán documentar sus datos e informar de inmediato el caso al Departamento de la Familia, aunque se tenga el consentimiento.
En los casos en que la adolescente alegue que el embarazo fue producto de incesto con alguno de sus progenitores o tutores, el requisito de consentimiento y presencia de estos queda eximido. En tales situaciones, la institución médica deberá activar una custodia de emergencia bajo la Ley 57-2023 y notificar al Departamento de Justicia.
Antes de firmar el consentimiento, la menor será entrevistada por un trabajador social o consejero para determinar si ha sido víctima de abuso sexual. El consentimiento escrito del progenitor o custodio acompañante también es requerido, salvo en emergencias médicas donde la vida de la menor esté en riesgo, en cuyo caso el médico deberá documentar la situación y notificar a los padres o custodios tan pronto sea posible.
González Colón firmó además otras ocho medidas, entre ellas la Ley 119-2025, que deroga la antigua Ley 312-1949 sobre inspección de cooperativas por considerarse obsoleta, y dos enmiendas al Código Penal: la Ley 120-2025 y la Ley 121-2025, que aumentan las penas por agresiones a funcionarios del orden público. La gobernadora también aprobó varias resoluciones conjuntas para designar carreteras con nuevos nombres y transferir propiedades municipales, como la antigua escuela superior Carlos Escobar López en Loíza y el viejo cuartel de policía en Boquerón.
Con estas firmas, la mandataria reiteró que las nuevas leyes buscan fortalecer la protección de menores, actualizar disposiciones legales en desuso y garantizar la seguridad de servidores públicos en Puerto Rico.
