WASHINGTON – El ataque militar a gran escala lanzado este sábado contra Irán por Estados Unidos, en coordinación con Israel, amplía la serie de bombardeos ordenados durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. El mandatario, que regresó al poder el año pasado prometiendo mantener al país fuera de conflictos extranjeros, ha optado por operaciones aéreas sin despliegue de tropas en el terreno.
La Casa Blanca ha justificado estas acciones en nombre de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, las operaciones, realizadas sin la autorización del Congreso, han generado un amplio debate legal y político en Washington. Algunos republicanos y miembros de la oposición han cuestionado el alcance del poder ejecutivo para ordenar ataques de este tipo.
En un mensaje televisado de madrugada, Trump anunció el bombardeo a gran escala contra Irán, en medio de negociaciones para un posible acuerdo nuclear. Dijo que el objetivo era «poner fin al régimen iraní» y pidió al pueblo de ese país que tome el control de su gobierno una vez terminen los ataques. La ofensiva superó en magnitud la operación de junio de 2025, cuando Estados Unidos atacó instalaciones nucleares en Fordó, Natanz e Isfahan.
Entre las acciones más polémicas de este mandato se incluye la operación del 3 de enero en Venezuela, que resultó en el derrocamiento y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados luego a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Tras ese episodio, Trump fortaleció sus vínculos con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, antes vicepresidenta de Maduro, asegurando que su gobierno ha accedido a exigencias estadounidenses, como la apertura del sector petrolero.
El 25 de diciembre de 2025, Estados Unidos, junto al gobierno de Nigeria, lanzó ataques aéreos contra supuestos campamentos vinculados al Estado Islámico en el estado de Sokoto. Trump catalogó el operativo como un “regalo de Navidad”. En meses anteriores, también ordenó bombardeos contra los rebeldes hutíes en Yemen, campañas en Somalia contra Al Shabab y ataques selectivos en Irak y Siria contra milicias proiraníes y grupos del Estado Islámico.
Legisladores demócratas han pedido someter el conjunto de estas acciones a una votación bajo la resolución de poderes de guerra, con el fin de limitar la capacidad del presidente de involucrar al país en nuevos conflictos sin aprobación del Congreso.
