A pocos días de que venza el término para apelar, Moshayra Vicente Cruz, viuda del biólogo Roberto Viqueira Ríos, acudió este miércoles a La Fortaleza para solicitar una reunión con la gobernadora Jenniffer González. Su propósito es pedir que el Departamento de Justicia reconsidere e impugne la absolución del enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, acusado de causar la muerte de Viqueira.
“Estamos en contra del reloj y, por eso, es bien necesario mantenernos alzando la voz, porque no es solo por el caso de Viqueira y nuestra familia, es por el país. Sabemos que no somos la única familia a la que, lamentablemente, el juez Llavona e, inclusive el Departamento de Justicia, le ha fallado”, expresó Vicente Cruz en entrevista telefónica con El Nuevo Día, luego de entregar su carta en los portones de La Fortaleza.
La viuda, acompañada de sus hijos Mariana y Eliel Viqueira, así como familiares y amigos, entregó el documento a una funcionaria que se comprometió a hacerlo llegar a la gobernadora. “Nos aseguró que la recibiría”, indicó Vicente Cruz, quien continúa solicitando apoyo tras el fallo del juez superior Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, que el 6 de febrero absolvió a Meléndez Velázquez al concluir que actuó en “legítima defensa”.
El biólogo fue baleado el 15 de julio del año pasado durante una disputa vecinal con Meléndez Velázquez en la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco.
La semana pasada, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, y el procurador general, Omar Andino Figueroa, notificaron a los familiares que no presentarían apelación. “Si bien reiteramos nuestra inconformidad con el fallo emitido, respetamos la Constitución y la independencia judicial que mandata nuestro estado de derecho”, expresó Gómez Torres tras reunirse con las víctimas y testigos del caso, quienes seguirán bajo patrullaje preventivo.
La familia Viqueira Ríos sostiene que aún resta la mitad del plazo de 30 días para apelar la decisión. “Hay documentación que debe someterse, si es que se acoge nuestra solicitud de revisión”, puntualizó Vicente Cruz.
“Buscamos dialogar con la gobernadora y que escuche, de voz de las víctimas, por qué es meritorio que atienda este asunto. A pesar de que hay una constitución y unas normas claras en derecho, entendemos que con la prueba presentada por el Ministerio Público no hay duda de que aquí se cometió un asesinato”, añadió.
Vicente Cruz no descarta acudir a los tribunales con una demanda civil, aunque subrayó que su objetivo no es monetario. “A mí una demanda civil no me satisface, no me compensaría la justicia que estoy buscando. Nuestro interés es que se haga valer ante la ley el peso de la vida de Robert y de todo ser humano. Fuimos víctimas de un crimen en nuestra propia casa”, afirmó.
