Tras un juicio federal de tres días, un jurado declaró culpable el 25 de febrero a Luis Ángel Domenech Acabá por dos cargos relacionados con explotación infantil. El proceso se llevó a cabo ante la jueza Aida Delgado Colón, del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, en Hato Rey.
El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, y Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), confirmaron el veredicto. Según la evidencia, Domenech Acabá explotó sexualmente a una menor entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018. Utilizó un teléfono celular y servicios de mensajería por internet para persuadir o coaccionar a la víctima a participar en actos sexuales con el propósito de grabarlos.
“Proteger a los niños de la explotación sexual es una de nuestras más altas prioridades”, expresó Muldrow. Añadió que el veredicto envía un mensaje claro de que quienes cometen este tipo de delitos enfrentarán consecuencias significativas. Ramos, por su parte, destacó que la decisión representa esperanza para las víctimas, “que sufrieron un dolor inimaginable causado por este individuo, un adulto de confianza cercano a la familia”.
La Fiscalía federal presentó evidencia digital y testimonios que demostraron que el acusado produjo y conservó imágenes y videos de la menor y de otros menores en conducta sexual explícita, almacenados en una carpeta protegida en su teléfono.
Por el cargo de producción de pornografía infantil, Domenech Acabá enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años y hasta 30 años de prisión, y hasta 20 años por posesión de ese material. La sentencia fue fijada para el 14 de mayo de 2026, a las 10:00 a.m. Mientras tanto, permanece bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones.
HSI investigó el caso junto a la Policía de Puerto Rico. Las fiscales federales Daynelle Álvarez Lora y Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Delitos contra Niños, Trata de Personas e Inmigración, estuvieron a cargo del procesamiento.
El caso forma parte de Project Safe Childhood, una iniciativa nacional creada por el Departamento de Justicia en mayo de 2006 para combatir la explotación y el abuso sexual infantil. El programa coordina recursos federales, estatales y locales para identificar, detener y procesar a quienes abusan de menores, además de rescatar a las víctimas.
