Nashville, Tennessee — Una agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró ante un tribunal federal que el caso de tráfico de personas que inició contra Kilmar Ábrego García era sólido, a pesar de los esfuerzos de la defensa por lograr que se desestimaran los cargos.
Ábrego García, cuya deportación errónea provocó amplio debate sobre las políticas migratorias, asegura que el proceso penal en su contra es vengativo y que fue impulsado por funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump después de que se vieron obligados a repatriarlo a Estados Unidos.
El ciudadano salvadoreño tiene protegida su permanencia en el país desde 2019, cuando un juez de inmigración determinó que corría peligro en El Salvador por amenazas de pandillas. A sus 30 años, Ábrego tiene esposa e hijo estadounidenses y ha residido en Maryland bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Luego de ser deportado, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno de Trump traerlo de regreso. Una vez devuelto, enfrentó cargos federales por tráfico humano a raíz de una parada de tránsito de 2022 en Tennessee, tras la cual fue liberado solo con una advertencia por exceso de velocidad. En el vehículo viajaban nueve pasajeros, lo que despertó sospechas de los agentes.
Rana Saoud, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nashville, dijo que abrió la investigación de manera independiente y sin presión de superiores. Explicó que conoció del incidente al leer en 2025 un artículo del portal conservador Tennessee Star. “Si los hechos no cuadraban, habríamos dejado de avanzar”, testificó. “El caso simplemente se fue fortaleciendo”.
Durante el contrainterrogatorio, Saoud reconoció que el expediente se volvió mediático por la identidad del acusado y no por la naturaleza de los cargos. “El señor Ábrego aparecía en las noticias todo el tiempo”, dijo.
El juez federal de distrito Waverly Crenshaw comentó en audiencia que existían indicios de que la acusación podría ser vengativa. Señaló declaraciones de funcionarios del gobierno de Trump, incluido el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien habría sugerido que el Departamento de Justicia procesó a Ábrego por haber ganado su batalla legal tras la deportación indebida.
Los abogados de Ábrego han solicitado testimonios y correos de altos funcionarios como Blanche. Sin embargo, el primer fiscal federal adjunto para el Distrito Medio de Tennessee, Rob McGuire, sostuvo que la decisión de procesar fue suya, por lo que los motivos de otros no eran relevantes.
En una orden divulgada en diciembre, el juez Crenshaw escribió que algunos documentos sugieren que McGuire “no fue el único que tomó la decisión”, y que posiblemente la decisión de procesar a Ábrego fue conjunta con otros miembros del Departamento de Justicia.
