El presidente del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, David Barron, admitió que el caso del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, le resultaba “confuso”, al escuchar este miércoles los argumentos de apelación de la defensa y la fiscalía federal en el Tribunal Federal del Viejo San Juan.
Pérez Otero busca que se revoque su veredicto de culpabilidad por corrupción o que se le reduzca su sentencia de cinco años de prisión. El panel de jueces —integrado por Barron, O. Rogeriee Thompson y el puertorriqueño Gustavo Gelpí— evaluó los planteamientos de ambas partes.
Barron centró su interés en determinar si debían definir qué es una contribución política y si los pagos para saldar deudas de campaña pueden considerarse como tales. El abogado de Pérez, José Rodríguez Olmos, alegó que el pliego acusatorio fue deficiente porque no dejó claro que los pagos de Oscar Santamaría, contratista convicto, eran contribuciones políticas y no sobornos.
Rodríguez Olmos sostuvo que, según el precedente judicial conocido como “McCormick”, un soborno vinculado a una campaña requiere una manifestación explícita de intercambio de favores para ser ilegal. Admitió, no obstante, que las contribuciones violaron la ley electoral de Puerto Rico, aunque insistió en que ese no es el asunto a nivel federal.
Por su parte, el fiscal David Lieberman afirmó que el pliego es válido porque especifica que los pagos se hicieron “a cambio de” la adjudicación de contratos, lo cual —según explicó— basta para configurar los delitos de soborno o extorsión. Agregó que los pagos de Santamaría continuaron aun después de saldar la deuda de campaña de unos 70,000 dólares, evidencia que, según la fiscalía, refuerza la tesis de soborno.
Barron cuestionó por qué la fiscalía no objetó durante el juicio una instrucción al jurado relacionada con el precedente McCormick, lo que llevó a momentos de confusión entre los jueces y las partes. Lieberman respondió que el pliego no tenía que mencionar el precedente, sino únicamente cumplir con el lenguaje del estatuto violado.
La jueza Thompson apuntó que “llamarle contribución política a un pago no lo convierte en una”, recordando que esos fondos nunca se registraron en los informes electorales. Gelpí, a su vez, recalcó que hubo evidencia de sobres con dinero en efectivo provenientes de un contratista beneficiado.
La defensa insistió en que las acciones pudieron infringir la ley electoral local, pero no constituyen un intercambio (quid pro quo) que justifique un cargo federal de soborno. Tras la vista, el panel quedó en deliberar sobre el recurso presentado por el exalcalde.
