A pocas horas de que expire el plazo para firmar o vetar el Proyecto de la Cámara 420, que propone eliminar el impuesto al inventario a partir del año fiscal 2028, la gobernadora Jenniffer González citó a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) a una reunión en La Fortaleza.
El encuentro, convocado para mañana jueves a las 9:00 a.m., se da en la víspera de que González deba actuar sobre la medida. El presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Jayuya, Jorge González Otero, cuestionó el momento escogido. “Increíble que citen la reunión cuando se acaba el tiempo. Habíamos pedido verla desde el 10 de octubre. Vamos a estar allí, porque gobernamos para la gente más necesitada, no para los grandes intereses”, sostuvo.
González Otero adelantó que acudirá junto a otros alcaldes populares y expresó confianza en que la gobernadora vetará el proyecto. “Por el bienestar y el servicio a la gente que más necesita, esperamos esa noticia”, afirmó.
El presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, coincidió en que la mandataria debería vetar la medida. Indicó que los ejecutivos municipales ya le expusieron a González las implicaciones que tendría aprobarla. “Creemos en eliminar el impuesto al inventario, pero cuando haya un sustituto. No queda otra alternativa que vetar el proyecto”, señaló.
Hernández recordó que varias legislaturas municipales aprobaron resoluciones solicitando el veto, y que el término para decidir vence a las 5:35 p.m. del jueves, al cumplirse diez días laborables desde que la gobernadora recibió la pieza legislativa.
Durante la campaña, el Partido Nuevo Progresista se comprometió a congelar el impuesto al inventario por cinco años, tiempo en que se buscaría una fuente de repago. Sin embargo, el proyecto fue enmendado para reducir la congelación a tres años y eliminar el tributo para 2028, con o sin sustituto.
Los líderes legislativos Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz rechazaron devolver la medida al Capitolio, como pidieron los alcaldes. Rivera Schatz cuestionó además que se considere insuficiente un período de tres años para reemplazar los $314 millones anuales que genera el impuesto, mientras se estima que en pocas semanas podrían identificarse los $500 millones necesarios para la reforma contributiva aún pendiente de discusión.
