El gobierno analiza la posibilidad de apelar la decisión judicial que permite el acceso de periodistas sin credencial del Departamento de Estado a las conferencias de prensa que se realizan en La Fortaleza.
La sentencia fue emitida por la jueza superior Iris Cancio González, tras una demanda del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El organismo acudió a los tribunales luego de que se le prohibiera la entrada a dos de sus periodistas a una conferencia en la Mansión Ejecutiva por no contar con el carné expedido por el Departamento de Estado.
“El Departamento de Justicia no está conforme con la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, notificada el 23 de febrero de 2026”, indicó la agencia en declaraciones escritas. “En consecuencia, se evalúa seguir el trámite apelativo correspondiente, por entender que la determinación notificada no se ajusta a nuestro actual estado de derecho”.
En su dictamen, la jueza Cancio González sostuvo que la credencial estatal no constituye un mecanismo válido para decidir qué periodistas pueden ingresar a conferencias convocadas por la gobernadora Jenniffer González u otros funcionarios de La Fortaleza.
“No hay duda de que esta actuación de los demandados coarta e incide sustancialmente sobre la función periodística de los demandantes al denegarles acceso total a las conferencias de prensa semanales que se llevan a cabo en la Fortaleza. El hecho de denegar el acceso total impide que estos periodistas puedan acceder a información pública esencial”, cita la sentencia.
La magistrada añadió que exigir la certificación de prensa excede el poder legal delegado y “violenta el derecho de los demandantes a la libertad de prensa”. También precisó que dicha acreditación fue creada como parte de la Ley 22 de Tránsito, con el propósito de otorgar tablillas especiales a vehículos de la prensa, y no como requisito para el ejercicio periodístico ni para determinar el acceso a instalaciones gubernamentales.
El CPI ha celebrado la determinación como una victoria para la libertad de prensa en Puerto Rico, mientras el gobierno se reserva su decisión sobre si continuará el proceso apelativo.
