La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain negó la moción presentada por LUMA Energy para extenderle la protección de la suspensión automática que cobija a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en su proceso de quiebra, con el fin de evitar una demanda radicada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
Swain, quien atiende el proceso de bancarrota bajo la ley Promesa, determinó que la demanda de DACO contra LUMA puede continuar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Según su orden de 17 páginas, el Título III de Promesa no puede interferir con el poder regulador del Estado, ni suspender las funciones del DACO para proteger a los consumidores.
La jueza enfatizó que el DACO tiene jurisdicción para presentar este tipo de demandas por mandato de su ley orgánica y aclaró que el recurso no responde a un interés económico del gobierno, sino al ejercicio legítimo de su deber de velar por los derechos de los consumidores.
Swain también rechazó el argumento de LUMA de que la acción de DACO pretendía impugnar el contrato del operador con el gobierno. En semanas recientes, la jueza había considerado una solicitud de LUMA para paralizar el caso, pero finalmente determinó que el foro estatal debe continuar con el proceso.
La controversia se originó en agosto, cuando la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, demandó a LUMA para eliminar una cláusula que exime a la empresa de responsabilidad por daños a enseres eléctricos, alegando que esa disposición contraviene la ley puertorriqueña.
Por su parte, el presidente de LUMA, Juan Saca, advirtió que si el Tribunal Supremo acoge el reclamo del DACO, las tarifas eléctricas podrían subir. En declaraciones previas, afirmó que las exenciones de responsabilidad son prácticas comunes en la industria y que eliminarlas afectaría los costos para los clientes.
La determinación de Swain devuelve el pleito al foro local, donde se decidirá si LUMA deberá asumir responsabilidad por los daños que generen las fluctuaciones del servicio eléctrico.
