El Tribunal de San Juan determinó que la certificación de prensa emitida por el Departamento de Estado no puede usarse como requisito para permitir el acceso de periodistas a conferencias ofrecidas por la gobernadora Jenniffer González o por funcionarios de La Fortaleza.
La decisión responde a una demanda del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), cuyos periodistas fueron impedidos de entrar a una conferencia de prensa en la Mansión Ejecutiva por no tener la credencial estatal. En su fallo, la jueza superior Iris Cancio González subrayó que esa práctica “coarta e incide sustancialmente sobre la función periodística de los demandantes al denegarles acceso total a las conferencias de prensa semanales que se llevan a cabo en la Fortaleza”.
“La restricción de requerir la certificación de prensa, cuyo acto excede el poder delegado por ley, violenta el derecho de los demandantes a la libertad de prensa”, agregó la jueza. Además, el tribunal prohibió que los demandados exijan la identificación del Departamento de Estado al CPI para asistir a conferencias de prensa, sin importar el lugar donde se celebren.
La sentencia también rechazó una moción de desestimación presentada por los representantes de la gobernadora, su secretaria de prensa, Marieli Padró Raldiris, y otros funcionarios del Ejecutivo. Al momento de publicarse esta nota, La Fortaleza no había respondido una solicitud de reacción.
La jueza Cancio González puntualizó que en Puerto Rico no existe un organismo independiente que acredite formalmente a los periodistas. Explicó que la referencia a credenciales en la Ley 22 de Tránsito tiene un propósito limitado, vinculado a tablillas especiales del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y no a la acreditación profesional.
Desde 2025, cuando Jenniffer González asumió el cargo, el personal de La Fortaleza ha requerido dicha identificación para las conferencias semanales del Ejecutivo, una práctica inexistente en administraciones anteriores.
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) ha rechazado el uso obligatorio de la credencial estatal. Su presidenta, Nydia Bauzá, señaló que “la credencial del Departamento de Estado no define quién es periodista. Que una persona no la tenga no significa que no lo sea ni se le puede negar el acceso a la información necesaria para ejercer su trabajo”.
