El Senado aprobó este lunes el Proyecto de la Cámara 1019, una medida de administración que extiende de 12 a 16 años el término de los nombramientos de fiscales, procuradores de Asuntos de Menores y de Familia, así como de los registradores de la propiedad del Departamento de Justicia.
La propuesta, impulsada por la administración de Jenniffer González, busca armonizar esos plazos con los de los jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones, que también cumplen términos de 16 años.
El proyecto fue atendido mediante descargue y sin vistas públicas. Obtuvo 18 votos a favor y ocho en contra. Se opusieron los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño (María de Lourdes Santiago y Adrián González), así como los legisladores del Partido Popular Democrático Ada Álvarez Conde, Marially González, Luis Javier Hernández y José A. Santiago, junto con los independientes Joanne Rodríguez Veve y Eliezer Molina.
Ese mismo día, la Cámara de Representantes ratificó el Proyecto del Senado 756, el cual dispone que los restos fetales humanos producto de pérdidas gestacionales antes de las 20 semanas no se clasifiquen como desperdicio biomédico, sin importar su peso. Esta medida, presentada por Rodríguez Veve y el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, fue aprobada de forma unánime y enmienda la “Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico”, para permitir que el Departamento de Salud emita un certificado especial a solicitud de los padres.
Ambas iniciativas pasan ahora a la consideración de la gobernadora en La Fortaleza.
Por otro lado, la Cámara aprobó el Proyecto del Senado 834, que fija en 12 meses el término para que la Junta de Libertad Bajo Palabra revalúe la solicitud de un confinado cuya petición de libertad condicional haya sido denegada. Originalmente, el Senado proponía un término de seis meses, pero se enmendó para extenderlo a un año. Actualmente, el reglamento establece un período de dos años.
“Un año es mucho mejor que dos y, al estar por ley, no estaría sujeto a los vaivenes del reglamento, aunque preferiría que fuese a seis meses”, señaló el representante popular Ramón Torres. Añadió que en la mayoría de los casos las denegatorias responden a faltas de documentación. En tanto, el representante novoprogresista José “Che” Pérez, presidente de la Comisión de lo Jurídico, sostuvo que seis meses no es un plazo viable por limitaciones de personal y recursos, por lo que apoyó el término de un año.
Asimismo, se aprobó la Resolución de la Cámara 627, presentada por el representante Eddie Charbonier, para que la Comisión de la Región Metro investigue las interrupciones y bajas presiones en el servicio de agua en San Juan. La pesquisa incluirá el análisis de la respuesta operacional y administrativa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el estado de su infraestructura.
