El intercambio de información entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre el propuesto alivio contributivo para el ciclo de planillas en curso se prolongará hasta, al menos, la próxima semana. La JSF concedió a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) hasta el 27 de febrero de 2026 para certificar que la medida no contraviene el plan fiscal vigente.
En una carta enviada a Francisco Domenech, director ejecutivo de la Aafaf, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, reconoció la cooperación del gobierno en el proceso. “La Junta de Supervisión aprecia los datos e información que la Aafaf ha provisto y el diálogo continuo para ayudar a la Junta de Supervisión a analizar el efecto de la Resolución Conjunta 6 (RC 6) sobre la posición financiera del Estado Libre Asociado”, expresó Mujica.
Añadió que, “dado el continuo intercambio entre el gobierno y la Junta de Supervisión, extendemos el período para la entrega de la certificación requerida bajo la ley Promesa, sección 204(a)(2), para la RC 6-2026, hasta el viernes 27 de febrero de 2026”. La comunicación está fechada el viernes, pero fue divulgada el sábado.
La sección 204 de Promesa obliga al gobierno a detallar el impacto fiscal de cada nueva ley o a certificar que no es significativamente inconsistente con el plan fiscal. Habitualmente, la JSF otorga una semana para presentar este análisis, pero en el caso del incentivo reintegrable aprobado mediante la RC 6, ha permitido varias prórrogas desde que la gobernadora Jenniffer González firmó la resolución el 3 de febrero. La última extensión vencía el pasado viernes.
La medida está valorada en unos $270 millones en alivios para individuos correspondientes al año contributivo 2025, cuyas planillas comenzaron a radicarse a inicios de febrero. Esta resolución fue la alternativa adoptada por la administración de González luego de que su propuesta para reducir de forma permanente las tasas contributivas enfrentara objeciones en la Legislatura y de la propia JSF.
El organismo fiscal estimó que la versión original del proyecto provocaría un déficit de cerca de $370 millones durante el actual año fiscal, mientras la gobernadora y su equipo aseguraban que tendría un efecto neutral en las finanzas del país.
El formato de “incentivo reintegrable” se aplicó previamente, con aval de la JSF, en 2024 bajo la administración de Pedro Pierluisi. No obstante, al iniciar su mandato, González descartó ese mecanismo y apostó a un alivio más duradero.
La RC 6-2026 dispone que los contribuyentes radiquen sus planillas usando las tasas actuales y luego reciban un reintegro equivalente a la diferencia de impuestos que habrían pagado bajo la propuesta de la administración. Según cálculos del Departamento de Hacienda, entre 600,000 y 700,000 contribuyentes con ingresos netos de hasta $150,000 serían elegibles para recibir el beneficio.
