El exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Arturo Deliz Vélez, demandó al gobierno al alegar que fue objeto de represalias luego de denunciar irregularidades en varios centros de inspección, incluyendo uno vinculado a la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.
En la demanda, radicada ante el Tribunal de San Juan, Deliz Vélez exige una compensación de $375,000 por daños morales y angustias mentales. El recurso legal fue presentado contra el DTOP, dirigido por Edwin González Montalvo, y contra el Departamento de Justicia, encabezado por Lourdes L. Gómez Torres, sin descartar que se sumen otros demandados.
Según el documento, la pesquisa comenzó cuando Deliz Vélez notó que algunos centros no pagaban los $2 por documento de inspección. Una de las inspecciones reveló que en Yabucoa Auto Services —a nombre de Pérez Peña hasta noviembre de 2025— se falsificaban procesos y se apropiaban del dinero cobrado. La investigación arrojó 1,975 transacciones irregulares que implicaban una multa total de casi un millón de dólares.
El exfuncionario relató que, durante la investigación, el padre de Pérez Peña habría amenazado al personal del DTOP, alegando que su hija tenía respaldo político. Más tarde, Pérez Peña habría contactado a distintas funcionarias para expresar su molestia con Deliz Vélez, incluso pidiendo su despido. El demandante denuncia que, tras estas gestiones, fue reasignado a una oficina sin tareas, equipo ni responsabilidades.
Deliz Vélez sostiene que su situación constituye una violación a la Ley 115, que protege a empleados que denuncian actos de corrupción o irregularidades dentro del gobierno. Afirma que el aislamiento laboral provocó en él ansiedad, depresión y conflictos personales.
El caso ocurre en medio de la controversia generada por una investigación periodística de Bárbara Figueroa, del programa Los Datos son los Datos, que vinculó a la secretaria de Vivienda con más de 1,200 inspecciones fraudulentas. En respuesta, Pérez Peña calificó las denuncias como falsas y difamatorias, asegurando contar con pruebas para refutarlas. La funcionaria instó a los denunciantes a presentarse ante las autoridades.
La gobernadora, entretanto, expresó que mantiene su confianza en Pérez Peña y descartó solicitar su renuncia.
