El expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue puesto en libertad bajo investigación por la Policía británica tras casi 11 horas de arresto por sospecha de mala conducta en cargo público relacionada con el caso Epstein.
La Policía del Valle del Támesis, a cargo de la pesquisa, confirmó en un comunicado que había liberado a un hombre de unos sesenta años, detenido previamente en Norfolk, aunque no mencionó su identidad. Sin embargo, Andrew, quien celebró su cumpleaños número 66 el mismo día, fue fotografiado saliendo de una comisaría en Aylsham tras haber sido interrogado en su finca privada de Sandringham.
Las imágenes muestran a Andrew en el asiento trasero de un vehículo, con expresión seria y las manos entrelazadas, luego de casi 11 horas bajo custodia. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en varias propiedades del condado de Berkshire, donde se incluye la zona de Windsor.
El rey Carlos III expresó su “profunda preocupación” por el arresto de su hermano, aunque subrayó que “la ley debe seguir su curso” y mantuvo su agenda pública. Según reportes, Carlos había retirado a Andrew todos sus títulos nobiliarios y honores en octubre, en medio de las polémicas derivadas del caso Epstein.
El escándalo se intensificó con la divulgación de correos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que supuestamente mostraban cómo el expríncipe habría facilitado documentos sensibles del gobierno británico a Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado especial para comercio e inversión del Reino Unido.
La red de corrupción y abusos vinculada a Epstein sigue generando ondas en la corona británica. Los llamados “Papeles de Epstein” han provocado el mayor terremoto institucional de los últimos años, al convertir a Andrew en el primer miembro de alto rango de la familia real británica arrestado en tiempos modernos. Aunque él niega cualquier relación con los delitos del magnate fallecido, tanto la fallecida reina Isabel II como Carlos III optaron por apartarlo de la vida pública para reducir el daño reputacional a la monarquía.
