La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico lamentó la decisión del juez federal Raúl Arias Marxuach de revertir una orden previa que favorecía al inmigrante dominicano Joan Alberto Zorrilla Lora, detenido desde el 15 de enero y quien no podrá acompañar a su esposa, embarazada de nueve meses, durante el parto.
El director legal de la ACLU, Fermín Arraiza Navas, explicó que el equipo legal intenta conseguir un permiso especial para que Zorrilla Lora pueda asistir al nacimiento. El detenido permanece en el centro de detención temporal de Guaynabo, conocido como “La neverita”.
Arias Marxuach, nombrado en 2020 por el presidente Donald Trump, reconoció en su dictamen que el inmigrante se ha mostrado respetuoso de la ley y es esposo y padre de ciudadanos estadounidenses. No obstante, denegó la solicitud de celebrar una vista de fianza y sostuvo que “el deber del Tribunal es interpretar la ley, no reescribirla”.
Según Arraiza Navas, el juez se apartó del consenso existente en la Corte de Distrito de Puerto Rico al acoger los argumentos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. “Primero nos emitió una orden de restricción temporal diciendo que había grandes posibilidades de prevalecer, y luego, tras el fallo del Quinto Circuito que favoreció a la administración Trump, dio un reversazo”, señaló el abogado.
El caso comenzó el 8 de enero, cuando un policía municipal de Carolina detuvo a Zorrilla Lora tras notar que su licencia de conducir, emitida bajo la Ley 97-2013, tenía el distintivo de “no ciudadano”. Días después, al presentarse a una citación en el cuartel, fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP).
La esposa del detenido es ciudadana estadounidense y su parto está previsto para finales de febrero. Su situación recuerda la del haitiano Alberto Pierre, arrestado en Nochebuena mientras acompañaba a su mujer embarazada, a quien también se le negó fianza.
Desde diciembre, la ACLU ha radicado seis recursos de habeas corpus; en tres de ellos se han concedido vistas de fianza. Este recurso legal permite que una persona detenida solicite ante un juez federal la revisión de la legalidad de su encarcelamiento. El más reciente fue presentado a favor del dominicano Perfecto Paula, detenido el 14 de febrero, a quien la jueza federal María Antongiorgi Jordan otorgó una orden de restricción temporera para evitar su traslado fuera de Puerto Rico.
En su orden, la jueza reafirmó que las personas no ciudadanas detenidas bajo la Sección 1226(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad tienen derecho a una vista de fianza ante un ente neutral.
Arraiza Navas subrayó que la diferencia de criterios entre jueces federales podría responder a visiones políticas. “La doctrina por décadas y la letra de la ley favorecen conceder derechos constitucionales a toda persona en territorio estadounidense”, indicó. También recordó que ningún municipio ni agencia local tiene acuerdos con el Departamento de Seguridad Nacional para ejecutar labores migratorias, por lo que denunció la colaboración indebida ocurrida en Carolina.
Los casos asumidos por la ACLU comparten un patrón: personas inmigrantes integradas a la comunidad puertorriqueña, con hijos y sin antecedentes criminales. “Esto crea una crisis familiar y laboral. Son personas que viven aquí, tienen su vida aquí y están siendo separadas injustamente de sus familias”, concluyó el abogado.
