La turista estadounidense Danielle Bertothy, condenada por incendiar varios negocios en la zona de Combate, en Cabo Rojo, en enero de 2025, impugnó la restitución de $311,096.07 que la Fiscalía federal solicita para una de las víctimas del caso.
En una moción presentada ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, su abogado Justin Gelfand respondió al pedido fiscal de compensar a una de las personas afectadas, identificada con las iniciales A.M.N., que corresponden al comerciante Ángel Luis Marrero Negrón, dueño del Luichy’s Seaside Hotel, impactado por el siniestro.
Gelfand sostuvo que la controversia no gira en torno al derecho de la víctima a recibir restitución, sino a la suma reclamada. Argumentó que la Fiscalía debe probar las pérdidas reales con evidencia confiable y no con documentos o recibos sin autenticación, pues, según dijo, los presentados carecen de verificación.
El abogado recalcó que el propósito de la restitución es compensar la pérdida y no generar ganancias. Por ello, señaló que si la víctima recibió donativos externos, como los recaudados en la plataforma GoFundMe, esos fondos deben descontarse del total a restituir. Indicó además que el tribunal no puede calcular la pérdida neta real sin una contabilidad completa de toda la compensación recibida.
Bertothy fue sentenciada por la jueza Gina Méndez Miró a cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y 100 horas de servicio comunitario. Los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de enero de 2025, cuando incendió los negocios Bar Marea, Marinera Restaurant, Artesanías Juavia y el Luichy’s Seaside Hotel. La mujer, natural de Missouri, abandonó Puerto Rico tras el incendio, pero fue posteriormente arrestada y extraditada a la isla, donde se declaró culpable.
La Fiscalía federal recomendó un pago total de $336,572.27 en restitución para seis víctimas, de los cuales $311,096.07 corresponderían al propietario del hotel. No obstante, la fiscal Corinne Cordero Romo informó durante la vista de sentencia que aún esperaba la entrega de comprobantes y evidencia adicional de algunas víctimas para determinar el monto final.
