Más de 5,000 familias que demandaron al gobierno por la falta de servicios adecuados para menores bajo Educación Especial tendrán una segunda oportunidad para aceptar o rechazar una oferta económica presentada ante el Tribunal Federal. La jueza Laura Taylor Swain fijó el 15 de abril a las 11:59 p.m. como fecha límite para que los reclamantes bajo la fase de daños del pleito Rosa Lydia Vélez respondan si aceptan o no la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). La primera ventana cerró el 3 de junio de 2025.
Swain advirtió que cualquier respuesta sometida después del plazo será considerada un rechazo. Según la JSF, tras vencerse el primer término, quedaron más de 16,000 reclamaciones sin resolver. De las respuestas recibidas hasta noviembre de 2025, unas 1,545 aceptaron la oferta y 1,085 la rechazaron.
El procedimiento, aprobado por Swain el año pasado, establece que las ofertas se hagan por familia, sin importar la cantidad de demandantes dentro del mismo núcleo. La propuesta económica de 2024 fijó un pago de $25,000 por familia, sujeto al Plan de Ajuste de la deuda del gobierno. Sin embargo, debido a que se trata de una obligación no asegurada, el monto real a recibir se estima en apenas el 20.4% de esa cifra, equivalente a unos $5,100.
El abogado José Torres Valentín explicó que la representación legal de los reclamantes se opuso a extender el plazo, alegando que las reglas originales eran claras y que las nuevas condiciones son más restrictivas. También sostuvo que la oferta de la JSF no fue negociada y no compensa adecuadamente los daños sufridos por las familias de Educación Especial.
Además, la jueza Swain aprobó un nuevo procedimiento para validar las reclamaciones de quienes rechacen la oferta. Los demandantes deberán someter, en los 75 días posteriores a recibir la notificación —con posibilidad de extensión de 45 días—, documentación adicional como el Programa Educativo Individualizado (PEI), evidencia de los servicios no recibidos, daños sufridos y una estimación económica de los mismos.
Torres Valentín cuestionó la carga que representa este proceso, ya que gran parte de la evidencia está en manos del Departamento de Educación. Agregó que se desconoce si esa información se usará para evaluar de forma individual las reclamaciones y hacer nuevas ofertas.
Según el abogado, 5,615 familias recibirán por correo la notificación del nuevo plazo, acompañada de una carta explicativa de su equipo legal. Aquellas que ya aceptaron la oferta no tendrán que hacer trámite alguno.
“Este proceso favorece al Estado porque muchas familias no contestan, y quienes no responden arriesgan perder su reclamación”, dijo Torres Valentín, quien advirtió que el procedimiento podría convertirse en un embudo para desestimar casos legítimos. También recordó que más de 900 familias denunciaron el año pasado que nunca recibieron las notificaciones iniciales.
