La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley una medida que establece criterios específicos para que los tribunales evalúen la posible descalificación de abogados o abogadas en un caso judicial.
Hasta ahora, la Regla 9.3 de las Reglas de Procedimiento Civil permitía sancionar o descalificar a un abogado por conducta contraria a la sana administración de la justicia. Sin embargo, la nueva Ley 22-2026 obliga al tribunal a considerar varios factores antes de tomar tal decisión: la legitimación de quien solicita la descalificación, la gravedad de la posible violación ética, la complejidad del caso, la etapa procesal, el efecto de la medida en la solución del pleito y si la moción se utiliza con fines dilatorios.
El informe legislativo cita expresiones del Tribunal Supremo que advierten contra el uso de estas solicitudes como táctica para retrasar un procedimiento o intimidar a la parte contraria. Además, recalca que la descalificación de un abogado no debe imponerse livianamente, debido a sus repercusiones en las partes y en el manejo del caso. La medida fue presentada por el representante José “Pichy” Torres Zamora.
Asimismo, la ley dispone que, antes de resolver una moción de descalificación, el tribunal debe permitir que la persona afectada presente evidencia en su defensa. Esta enmienda fue impulsada por el Departamento de Justicia y contó con el respaldo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
González también firmó el Proyecto del Senado 106, convertido en la Ley 21-2026, que actualiza las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 conforme al Código Penal de 2012. El cambio redefine cómo se computa la prisión subsidiaria para las personas que no puedan pagar una multa impuesta como parte de una condena.
La prisión subsidiaria equivale a la reclusión que sustituye al pago incumplido de una multa, con un máximo de 90 días de cárcel. La legislación argumenta que una multa puede tener un impacto muy distinto según los recursos económicos de la persona, y busca corregir esa disparidad.
El nuevo estatuto modifica el cálculo de la reclusión: en vez de un día de cárcel por cada dólar no pagado, se aplicará un día de prisión por cada $50. La disposición aclara que estas reglas no podrán imponerse a personas de escasos recursos económicos. La medida fue promovida por los senadores novoprogresistas Carmelo Ríos y Wilmer Reyes.
