Las autoridades federales de Estados Unidos abrieron una investigación penal para determinar si dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mintieron bajo juramento sobre un disparo ocurrido en Minneapolis, mientras se retiraban los cargos contra dos inmigrantes venezolanos implicados en el caso.
El director del ICE, Todd Lyons, informó que su agencia y el Departamento de Justicia iniciaron una pesquisa conjunta luego de que videos de los hechos sugirieran que los testimonios de los agentes eran falsos. Según Lyons, ambos fueron puestos en licencia administrativa y podrían ser despedidos o acusados penalmente. “Mentir bajo juramento es un delito federal grave”, subrayó, al afirmar que el ICE mantiene su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
El juez federal Paul A. Magnuson desestimó los cargos por agresión grave contra Alfredo Alejandro Aljorna y Julio César Sosa Celis, quienes fueron señalados de atacar a un agente con una escoba y una pala para nieve durante un operativo el 14 de enero. El agente disparó su arma e hirió a Sosa Celis en el muslo derecho.
El fiscal federal de Minnesota, Daniel N. Rosen, solicitó retirar las acusaciones tras descubrir evidencia “materialmente inconsistente” con las versiones oficiales. Abogados de los venezolanos celebraron la decisión y aseguraron que el disparo fue “temerario” y que el caso se sostuvo en “mentiras”.
Los hechos ocurrieron durante un operativo migratorio del gobierno del presidente Donald Trump. Según un informe inicial, Aljorna habría huido tras chocar su vehículo y fue perseguido hasta su residencia, donde se produjo el forcejeo. Las versiones de los agentes luego fueron contradichas por testigos y grabaciones en video.
Tras el incidente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó al gobernador de Minnesota y al alcalde de Minneapolis de alentar la obstrucción a las fuerzas federales, afirmando que el agente había sido “emboscado”. Sin embargo, esas declaraciones ahora están bajo revisión por parte del ICE.
Las defensas legales sostienen que los inmigrantes no tenían antecedentes violentos y trabajaban como repartidores nocturnos para evitar conflictos. Ambos fueron arrestados junto a otro venezolano, Gabriel Alejandro Hernández Ledezma, quien posteriormente fue liberado por orden judicial tras alegar que su traslado al sur de Estados Unidos buscaba impedir su testimonio.
El caso se ha sumado a una serie de controversias por el uso de fuerza letal en redadas migratorias y podría tener repercusiones mayores para los agentes involucrados y las prácticas del ICE durante ese periodo.
