Washington, D.C. – Este fin de semana se anticipa un nuevo cierre parcial del gobierno federal, luego de que el Congreso no lograra un acuerdo sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El debate gira en torno a nuevas restricciones a la agenda de inmigración del presidente Donald Trump.
Los fondos del DHS expiran este sábado. Los demócratas se niegan a aprobar una nueva asignación hasta que se introduzcan controles adicionales sobre las operaciones federales de inmigración, en respuesta al tiroteo en Minneapolis que cobró la vida de Alex Pretti y Renee Good. A pesar de negociaciones entre la Casa Blanca y los demócratas, no se logró consenso antes del fin de semana.
A diferencia del cierre récord de 43 días ocurrido el pasado otoño, esta vez las interrupciones serán más limitadas y afectarán solo a las agencias bajo el paraguas del DHS, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP). Sin embargo, si la suspensión se prolonga, los efectos podrían sentirse en servicios como los controles aeroportuarios y en el pago de algunos empleados federales.
El cierre ocurre porque Trump aceptó excluir la financiación del DHS de un paquete presupuestario más amplio, buscando más tiempo para negociar sobre las demandas demócratas que incluyen un código de conducta para los agentes y la obligación de portar identificación visible. El resto del gobierno federal tiene fondos asegurados hasta el 30 de septiembre.
El impacto afectará principalmente al DHS y agencias como el Servicio Secreto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA). En la TSA, cerca del 95% del personal es considerado esencial, por lo que continuará trabajando sin paga hasta que se restablezca la financiación. Funcionarios advierten que podrían surgir ausencias no programadas, provocando largas filas en aeropuertos. “Algunos se están recuperando ahora del impacto financiero de los 43 días de cierre”, señaló Ha Nguyen McNeill, alto funcionario de la TSA.
En FEMA, los retrasos afectarán el reembolso a estados por gastos de emergencia y la capacitación de primeros respondedores. Mientras tanto, los republicanos afirman que ICE y CBP mantendrán sus operaciones con fondos previos —unos $75 mil millones para ICE y $65 mil millones para CBP— aprobados en la legislación fiscal del año pasado.
El DHS emplea a más de 270,000 personas, la mayoría consideradas esenciales. En el último cierre, 258,000 continuaron trabajando y alrededor de 22,000 fueron suspendidos temporalmente. Los legisladores expresan preocupación particular por los posibles retrasos en aeropuertos. El líder republicano del Senado, John Thune, advirtió que “es muy probable que volvamos a tener problemas para viajar” si el cierre se extiende.
Durante cierres anteriores, la escasez de personal obligó a cerrar puntos de control en aeropuertos como el de Filadelfia. “Cuanto más se prolongue el cierre, más grave será el impacto en nuestra plantilla”, reiteró la TSA.
Con información de Associated Press. Traducción revisada por un editor.
