La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico denunció las altas fianzas que enfrentan los inmigrantes detenidos en la isla, que oscilan entre $1,500 y $10,000, y que, según la organización, restringen el acceso a la justicia para una población de recursos limitados.
El “habeas corpus” permite que cualquier inmigrante solicite a un juez federal la revisión de la legalidad de su detención por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la celebración de una vista de fianza. Sin embargo, la ACLU advirtió que los montos resultan prohibitivos.
“Una vez logramos ese acceso a la vista de fianza, la cifra que imponen es excesivamente alta, innecesaria e injustificable”, señaló David Cordero Mercado, director de Comunicaciones de la ACLU de Puerto Rico.
De cinco casos presentados por la entidad en enero, en dos se impusieron fianzas de $10,000, un patrón que, según abogados consultados, también se observó durante la administración de Donald Trump. Aun así, los inmigrantes beneficiados con la vista lograron finalmente salir en libertad.
La abogada de inmigración Yarima González Crespo afirmó que ha visto, en otras jurisdicciones, fianzas de hasta $25,000, incluso para personas sin historial criminal. “La fianza es discrecional. Puedes cumplir con todos los requisitos y un juez, a su discreción, negártela”, lamentó.
El caso del haitiano Albeto Pierre ejemplifica la situación. Detenido en Nochebuena en Barrio Obrero mientras acompañaba a su esposa embarazada hacia una clínica, solicitó una fianza para regresar con su familia, pero un juez de inmigración en Florida la denegó. “Es parte de una política antinmigrante que ignora hechos y evidencia. Pierre no representa ningún riesgo de fuga”, sostuvo Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
Tras su arresto, la ACLU presentó un habeas corpus en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico para evitar su traslado. No obstante, el gobierno federal lo movió a Florida, y la jueza Camille Vélez Rivera ordenó transferir el caso al Distrito Medio de Florida, decisión que la organización impugna ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.
La pareja de Pierre, residente permanente, cursa un embarazo de alto riesgo y ambos tienen una hija de un año nacida en Puerto Rico. Pierre fue trasladado recientemente del centro “Alligator Alcatraz” a otro centro del ICE en Broward, donde le fue concedido el habeas corpus solicitado.
Según González Crespo, las fianzas migratorias deben pagarse en su totalidad, a diferencia de las criminales, donde suele exigirse solo un 10%. Esto representa un obstáculo adicional para los detenidos. “Esos montos son inalcanzables para muchos”, explicó, y añadió que, a pesar de pagar, algunos deben usar grilletes electrónicos “que los geolocalizan y estigmatizan”.
Cordero Mercado denunció que las altas fianzas impiden que muchos inmigrantes puedan ejercer su defensa, ya que los costos de los procesos migratorios y legales son elevados. “Un caso de asilo cuesta $100 por inicio y $100 anuales mientras esté pendiente; el permiso de trabajo vale $465 al año, y una apelación ahora cuesta $1,000. Es arbitrario”, dijo González Crespo.
La ACLU insiste en que la política de fijar fianzas altas carece de fundamento. “El que migra lo que quiere es quedarse; el riesgo de fuga no se justifica. Los casos criminales serios tienen detención obligatoria, pero estos casos no”, concluyó Cordero Mercado.
