Una alianza integrada por Taller Salud, Proyecto Matria, ProFamilias, Hispanic Federation y Mujeres Ayudando Madres solicitó este jueves a la gobernadora Jenniffer González Colón una reunión en La Fortaleza para discutir las implicaciones del Proyecto del Senado 923 (PS 923), que propone enmendar el Código Penal de Puerto Rico para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido.
La iniciativa está bajo evaluación de la mandataria desde hace más de una semana, luego de que el Senado concurriera con las enmiendas aprobadas por la Cámara de Representantes. Según las organizaciones, la firma del proyecto tendría consecuencias negativas para la salud y los derechos de las mujeres, así como para los profesionales de la salud en la isla.
Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud, pidió a la gobernadora que les conceda una audiencia antes de tomar una decisión. “Este veto atendería la solicitud de miles de profesionales de la salud y de las entidades que sirven a las mujeres en Puerto Rico, y más importante aún, garantizaría el acceso a servicios médicos seguros”, expresó.
Por su parte, Charlotte Gossett Navarro, directora principal de Hispanic Federation en Puerto Rico, calificó el PS 923 como “un retroceso y un ataque a la salud y derechos de las mujeres”, además de denunciar que la aprobación legislativa de la medida se dio sin vistas públicas. Enid Pérez, directora ejecutiva de Proyecto Matria, advirtió que “la política pública que impacta servicios de salud esenciales para mujeres constituye coerción reproductiva”.
Yaritza Ocasio, directora interina de ProFamilias, resaltó que “las terminaciones de embarazo son parte del cuidado de salud” y que penalizar o restringir su acceso “pone vidas en riesgo y crea barreras innecesarias para decisiones que deben ser clínicas e informadas”. Mientras, Vanessa Caldari, partera y directora de Mujeres Ayudando Madres, enfatizó que las decisiones sobre salud reproductiva “deben ser libres y respetadas”. Agregó que “defender la vida también es defender los derechos reproductivos”.
Las cinco entidades reafirmaron su compromiso de continuar trabajando desde la abogacía y la educación para proteger los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y comunidades. Recordaron que en diciembre de 2025 más de 300 médicos se opusieron al Proyecto del Senado 504, que reconocía al no nacido como “persona natural”, aunque finalmente la gobernadora Jenniffer González lo convirtió en ley.
