Los representantes del Partido Popular Democrático, Ramón Torres Cruz y Swanny Enit Vargas Laureano, entregaron al Departamento de Justicia una declaración jurada del delator del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), en la que se exponen presuntas irregularidades relacionadas con un centro de inspección y venta de marbetes vinculado a Ciary Pérez Peña, secretaria de la Vivienda.
Los legisladores acompañaron el documento —que no fue anónimo— con un referido en el que solicitan a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, designar un fiscal para investigar los señalamientos contra Pérez Peña. Estos apuntan a la supuesta expedición de más de 1,200 marbetes falsos y al ajuste ilegal de multas en el negocio Yabucoa Auto Services HM, localizado en el barrio Juan Martín.
“Le pedimos a la secretaria de Justicia que comience y designe un fiscal para investigar lo que se ha alegado públicamente, en donde no solamente se habla de la secretaria de la Vivienda, se habla también de otros centros de inspección que alegadamente hacían lo mismo”, declaró Torres Cruz desde la sede de Justicia.
El Nuevo Día solicitó las reacciones de Pérez Peña y de Gómez, pero aún aguarda respuesta.
Un día antes, la gobernadora Jenniffer González pidió al DTOP evaluar las alegaciones sobre Pérez Peña. “Le he pedido al secretario del DTOP que evalúe y atienda inmediatamente las alegaciones relacionadas a la Secretaria de la Vivienda”, escribió González en sus redes sociales.
Torres Cruz respondió que no corresponde al secretario del DTOP dirigir la pesquisa, ya que esa agencia regula los mismos centros implicados. “El DTOP maneja los centros de inspección, los regula, impuso una multa, la rebajó y la cobró”, expresó.
El caso salió a la luz en el programa “Los Datos son los Datos” de WAPA TV, donde se informó sobre la expedición de marbetes fraudulentos y la reducción de multas. El reportaje indicó que un inspector del DTOP presentó una declaración jurada alegando haber recibido presiones y amenazas tras emitir su informe.
Por su parte, Vargas Laureano explicó que entregaron una petición formal a Justicia para iniciar la investigación, ya que el miércoles anterior cursaron el reclamo mediante comunicado sin recibir acción de parte de la secretaria Gómez. “Si hay hechos de culpabilidad, queremos saberlo y que pague quien tenga que pagar”, afirmó.
El caso continúa en espera de determinaciones del Departamento de Justicia.
