La administración del presidente Donald Trump puede continuar deteniendo a inmigrantes sin posibilidad de fianza, tras una decisión del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito que representa una victoria clave para la agenda federal de inmigración.
El panel judicial determinó el viernes por la noche que la política del Departamento de Seguridad Nacional de negar audiencias de fianza a inmigrantes detenidos en todo Estados Unidos es conforme a la Constitución y a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En la opinión mayoritaria, aprobada por votación 2-1, la juez de circuito Edith H. Jones sostuvo que el gobierno interpretó correctamente la ley migratoria al concluir que “los extranjeros no admitidos detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos no pueden ser puestos en libertad bajo fianza, independientemente del tiempo que hayan residido dentro de Estados Unidos”.
Durante administraciones anteriores, la mayoría de los inmigrantes sin antecedentes penales detenidos lejos de la frontera podía solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos se resolvían en los tribunales de inmigración. Históricamente, la detención obligatoria se limitaba a quienes habían cruzado la frontera recientemente.
Jones afirmó que el hecho de que gobiernos anteriores no ejercieran toda su autoridad legal no implica que carecieran del poder para hacerlo.
Los demandantes en los dos casos revisados por el tribunal eran ciudadanos mexicanos que habían vivido en Estados Unidos por más de una década. Sus abogados alegaron que no representaban riesgo de fuga y que ninguno tenía antecedentes penales. Ambos permanecieron encarcelados durante meses hasta que un tribunal inferior de Texas les concedió la libertad bajo fianza en octubre.
La Casa Blanca de Trump revirtió esta política en julio, rompiendo con casi 30 años de precedentes tanto bajo administraciones demócratas como republicanas.
La decisión del 5º Circuito contradice además una sentencia previa de un tribunal de distrito de California que, en noviembre, había permitido a inmigrantes sin antecedentes solicitar audiencias de fianza en todo el país.
La juez de circuito Dana M. Douglas fue la única disidente. En su opinión, advirtió que los legisladores que aprobaron la Ley de Inmigración y Nacionalidad no anticiparon que esta se utilizaría para imponer la detención sin fianza a millones de personas, muchas de ellas familiares directos de ciudadanos estadounidenses.
Douglas sostuvo que el gobierno federal estaba sustituyendo el proceso legislativo mediante esta política del DHS y rechazó validar la medida por decreto ejecutivo.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la decisión judicial y la describió como “un golpe significativo contra los jueces activistas” que, según dijo, habían socavado los esfuerzos para mantener al país seguro.
