Mireddys González Castellanos enmendó su demanda federal contra su exesposo Ramón Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, en la que reclama la devolución de $50 millones.
La nueva versión del recurso legal fue presentada por la licenciada María Pabón y añade a más personas que, alegadamente, participaron en las acciones que culminaron con el retiro del dinero de la cuenta bancaria de González Castellanos.
La demanda había sido radicada en diciembre pasado, pero al no haber sido notificada aún a los demandados, se solicitó autorización para enmendarla. La petición fue aprobada por el juez Pedro Delgado Hernandez.
Según se expone en el documento, en diciembre de 2024 las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris aprobaron y ejecutaron resoluciones para declarar dividendos por $100 millones, los cuales serían divididos en partes iguales entre González Castellanos y Daddy Yankee. No obstante, la demandante sostiene que menos de 24 horas después sus $50 millones fueron revertidos y eliminados.
En documentos judiciales, Pabón indicó que la versión enmendada identifica participantes que antes se desconocían y detalla con mayor especificidad la escalada interbancaria y la cadena operativa utilizada para implementar el congelamiento y devolución de fondos en diciembre de 2024.
El recurso, radicado oficialmente este jueves, incluye como segunda codemandada a Alejandra Piazza Galarza, quien se desempeñó a nivel de director dentro de Driven Advisors, empresa que también fue incorporada al reclamo legal.
González Castellanos alegó que Piazza Galarza utilizó sus credenciales profesionales para promover una narrativa de fraude o no autorización, con el fin de inducir una acción bancaria inmediata contra créditos ya contabilizados, pese a conocer la estructura corporativa de participación 50/50.
Además, la demanda incluye a nueve empleados de FirstBank, a quienes se les imputa conducta vinculada a la escalada interna que llevó al proceso de paralización y devolución del dinero, así como a tres empleados de Oriental Bank relacionados con las confirmaciones de redes de pago y manejo de restricciones.
El documento también deja abierta la posibilidad de añadir otros supuestos participantes, incluidos abogados, empleados bancarios y aseguradores, y corrige referencias a artículos del Código Civil de Puerto Rico que se alega fueron violados.
