Salinas – La gobernadora Jenniffer González informó que varias ramas de la milicia de Estados Unidos extendieron sus contratos con la Autoridad de los Puertos para el uso de instalaciones en los aeropuertos de Ceiba y Aguadilla, una medida que, según dijo, impulsa la economía y refuerza el perfil estratégico de Puerto Rico en materia de seguridad.
“La extensión de estos acuerdos genera ingresos y apoya los proyectos de infraestructura de la Autoridad de los Puertos, incluyendo un impacto estimado de $5.5 millones solamente en Aguadilla, y consolida a Puerto Rico como una plataforma estratégica de seguridad y respuesta en situaciones de emergencia”, señaló González tras recorrer obras en el Campamento Santiago, en Salinas.
De acuerdo con la gobernadora, los contratos con la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Infantería de Marina (“Marines”), que originalmente vencían en marzo, fueron extendidos hasta octubre. En el aeropuerto de Ceiba, los militares operan la torre de control. La Autoridad de los Puertos recibe $362,085 mensuales por el alquiler de ambas instalaciones.
Además, a finales de 2025, Puertos alquiló a los “Marines” rampas y hangares del aeropuerto Mercedita, en Ponce, por lo que recibe $8,475 mensuales hasta mayo.
González indicó que cientos de militares comenzaron a llegar a la isla en septiembre pasado como parte de la ofensiva del presidente Donald Trump contra supuestos narcotraficantes en el Caribe. Esa ofensiva culminó el 3 de enero con el ataque y captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Según la gobernadora, los militares permanecen activos en Puerto Rico.
“Ojalá los contratos se puedan seguir extendiendo, porque eso significa una inyección directa de fondos a la isla y mayor actividad económica. Ver a muchos militares entrenándose aquí es bueno para las familias y para la economía”, expresó, aunque aclaró que no existe actualmente una propuesta para reabrir bases como Roosevelt Roads o Ramey.
La Junta de Planificación estimó que la inversión de las Fuerzas Armadas en la isla tendría un impacto económico de $2,036.5 millones y permitiría la creación de más de 12,000 empleos durante el próximo año fiscal.
Por su parte, el ayudante general de la Guardia Nacional, Carlos José Rivera, confirmó que la división aérea ubicada en Isla Grande brinda apoyo a los militares destacados desde septiembre, principalmente en logística, mantenimiento y seguridad.
Durante la visita, González también inspeccionó trabajos de reparación y construcción en el Campamento Santiago, financiados con una asignación de $350 millones obtenida cuando era comisionada residente en Washington. Las obras, iniciadas el 4 de febrero de 2023 tras los daños causados por los huracanes Irma y María, deben concluir en julio del próximo año e incluyen nuevos comedores, barracas y edificios de mantenimiento.
Finalmente, la gobernadora anunció la firma de un acuerdo entre Puertos y la Guardia Nacional que extiende por 50 años el arrendamiento de instalaciones en las bases de Isla Grande y Muñiz, asegurando operaciones críticas hasta el año 2078 y la posibilidad de competir por fondos federales.
