El pleno del Senado aprobó una legislación para que los restos fetales humanos producto de pérdidas gestacionales ocurridas antes de las 20 semanas de gestación no sean considerados desperdicios biomédicos, independientemente de su peso.
Según explicó la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve, la medida atiende un vacío en el ordenamiento vigente que determina automáticamente que un feto de menos de 20 semanas de gestación y 350 gramos de peso sea clasificado como desperdicio biomédico. “Esto quiere decir que esos hijos que mueren en el vientre bajo estos parámetros literalmente son botados a la basura, como cualquier desperdicio médico”, expuso al describir el impacto emocional para las familias a las que se les niega la entrega de los restos para enterrarlos o cremarlos.
El Proyecto del Senado 756, de la autoría de Rodríguez Veve y del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, enmienda la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico para autorizar al Departamento de Salud a emitir un certificado especial que permita la inscripción y disposición de estos restos cuando el padre o la madre así lo solicite.
La medida recibió 27 votos a favor. Actualmente, conforme a la Ley del Registro Demográfico y la Ley de Servicios Funerarios (Ley 258-2012), solo se expide un certificado de muerte fetal cuando el ser humano en desarrollo alcanza 20 semanas de gestación o pesa más de 350 gramos. Rodríguez Veve sostuvo que el proyecto busca que los padres puedan despedirse de sus hijos “con sensibilidad y dignidad” y reafirmar la política pública de reconocer la dignidad de la vida humana desde el vientre materno. La Asociación de Hospitales y el Departamento de Salud favorecieron la iniciativa.
En la misma sesión, el Senado aprobó con 25 votos a favor un proyecto para establecer un salario base de $3,000 mensuales para los policías municipales, medida que generó cuestionamientos. La senadora del Partido Nuevo Progresista, Roxanna Soto Aguilú, votó en contra al señalar que la directriz solo sería viable si la capacidad fiscal del municipio lo permite, calificándola como aspiracional y limitante de la autoridad municipal.
Aunque la Comisión de Asuntos Municipales recomendó la aprobación, varios alcaldes expresaron su oposición. El alcalde de Las Marías, Edwin Soto, indicó que el 79.10% de su presupuesto de $5.6 millones se destina a nómina y obligaciones, por lo que no cuentan con recursos adicionales. La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, apoyó la medida al considerarla una declaración de propósitos. Por su parte, el autor del proyecto, el portavoz del PNP en el Senado, Gregorio Matías, defendió la propuesta al afirmar que los policías municipales deben ser honrados con un salario digno.
