La Cámara de Representantes aprobó una legislación que permitirá a las sobrevivientes de violencia de género obtener una licencia de portación de armas de fuego válida por cinco años, en lugar de los 90 días que contempla actualmente la ley.
El proyecto, impulsado por la representante del Partido Popular Democrático (PPD), Estrella Martínez, responde —según explicó— a una necesidad “urgente y documentada” que viven las víctimas. “Este proyecto no crea una nueva política de armas ni flexibiliza los controles existentes. Por el contrario, perfecciona un mecanismo ya vigente en la ley y corrige una ineficiencia administrativa”, sostuvo Martínez.
De acuerdo con la Ley de Armas de 2020 (Ley 168), las víctimas de violencia de género pueden solicitar una licencia especial, siempre y cuando sean mayores de 21 años y cuenten con un expediente limpio de antecedentes penales. Actualmente, esa licencia es gratuita y tiene una vigencia de 90 días.
Entre el 1 de junio de 2020 y el 4 de octubre de 2025, la Policía de Puerto Rico expidió 820 licencias bajo esta modalidad, según la medida, que tiene como coautor al representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Félix Pacheco. Los legisladores proponentes consideran que resulta “innecesario” obligar a las solicitantes a completar dos procesos administrativos —uno provisional y otro regular— para obtener la licencia definitiva.
“Obligar a estas personas a atravesar dos procesos consecutivos no solo resulta redundante, sino que genera una carga adicional tanto emocional como administrativa”, expresó Martínez durante el debate legislativo. Añadió que la propuesta busca “garantizar la continuidad de la protección y mayor eficiencia administrativa”.
El debate sobre armar o no a sobrevivientes de violencia de género continúa dividiendo opiniones. Algunos expertos consideran que puede ser una alternativa ante el riesgo de que un agresor regrese armado, mientras que otros alertan sobre el potencial aumento de letalidad en estos casos.
Por su parte, la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara —compuesta por Denis Márquez, Adriana Gutiérrez y Nelie Lebrón— votó en contra de la medida. Martínez aclaró que el proyecto “no representa una liberación de la política de armas, sino una herramienta excepcional de protección bajo supervisión estatal y en situaciones de riesgo real e inmediato”. La medida pasará ahora a la consideración del Senado.
