Caracas, Venezuela — La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un proyecto de ley de amnistía que podría conducir a la liberación de cientos de presos, entre ellos líderes opositores, periodistas y defensores de derechos humanos encarcelados por motivos políticos.
La medida, largamente solicitada por la oposición respaldada por Estados Unidos, fue presentada como un paso para «curar las heridas que ha dejado la confrontación política». Rodríguez precisó que la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, tramitará la propuesta con carácter de urgencia.
Rodríguez asumió la presidencia el 3 de enero, tras la toma del entonces presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas. Desde entonces, su administración ha prometido reformas políticas y reconciliación nacional.
Durante el anuncio, la mandataria también informó el cierre del Helicoide, una prisión caraqueña señalada por organizaciones humanitarias por presuntos casos de tortura. El recinto será transformado en un centro deportivo, social y cultural para las comunidades cercanas y la policía.
Según Foro Penal, organización defensora de los derechos de los presos en Venezuela, actualmente hay 711 detenidos por actividades políticas en el país. Sin embargo, el gobierno no divulgó los criterios específicos que determinarán quiénes podrán acogerse a la amnistía.
Rodríguez indicó que la ley cubrirá el periodo de «violencia política desde 1999 hasta el presente» y que quedarán excluidos los condenados por asesinato, narcotráfico, corrupción o violaciones de derechos humanos.
El gobierno ya había prometido liberar a un grupo significativo de reclusos, aunque familiares de los presos han criticado la lentitud del proceso. Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, advirtió en redes sociales que la propuesta será positiva «siempre y cuando no sirva de manto de impunidad y contribuya a desmantelar el aparato represivo».
Desde el 8 de enero, la organización ha registrado 302 excarcelaciones. Por su parte, el grupo Provea denunció la falta de transparencia y calificó el ritmo de liberaciones como «un goteo», subrayando que una amnistía «no debe concebirse como un indulto o acto de clemencia del Estado».
