Un expolicía de Illinois, Sean Grayson, de 31 años, fue sentenciado a 20 años de prisión por el asesinato de Sonya Massey, una mujer negra de 36 años que llamó al 911 el 6 de julio de 2024 para reportar un posible merodeador fuera de su casa en Springfield.
Grayson, un agente blanco, recibió la pena máxima permitida y ha permanecido bajo custodia desde su arresto. Durante la audiencia, los familiares de Massey gritaron de alegría al conocer la sentencia, lo que provocó que el juez los reprendiera. El exagente expresó remordimiento y aseguró que deseaba poder devolverle la vida a la víctima y evitar el sufrimiento causado. “Cometí muchos errores esa noche. Hubo momentos en los que debería haber actuado, y no lo hice. Me congelé. Tomé decisiones terribles. Lo siento”, declaró ante el tribunal.
Antes de la sentencia, los padres y los dos hijos de Massey le rogaron al juez justicia en su nombre. Su madre, Donna Massey, dijo temer llamar a la policía tras la tragedia. El jurado había declarado culpable a Grayson por asesinato en segundo grado, lo que en Illinois aplica cuando el acusado cree sinceramente estar en peligro, aunque ese miedo resulte irrazonable. Esto evitó una condena por asesinato en primer grado que habría significado cadena perpetua.
Las imágenes de la cámara corporal mostraron que Grayson y el agente Dawson Farley, quien no fue acusado, registraron la casa antes de entrar. Massey parecía confundida y temerosa. Dentro, Grayson notó una olla en la estufa y le ordenó a su compañero moverla. Massey tomó la olla, bromeó sobre el vapor caliente y la situación escaló. En segundos, Grayson sacó su arma y disparó cuando creyó que ella recogía de nuevo la olla, alcanzándola fatalmente en el rostro.
El veredicto causó indignación en la familia. Su prima, Sontae Massey, dijo: “El sistema de justicia hizo exactamente lo que está diseñado para hacer hoy. No está hecho para nosotros”. El asesinato reavivó el debate sobre los tiroteos policiales en Estados Unidos contra personas negras dentro de sus propios hogares.
El abogado de derechos civiles Ben Crump alcanzó un acuerdo de 10 millones de dólares con el condado de Sangamon a favor de la familia. Además, el Departamento de Justicia federal inició una investigación que llevó al condado a implementar nuevas medidas de desescalada, recopilar más información sobre el uso de la fuerza y exigir la renuncia del sheriff que había contratado a Grayson. También se modificó la ley estatal para aumentar la transparencia en los antecedentes de quienes aspiren a empleos en las fuerzas del orden.
