Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el miércoles que la administración de Donald Trump actuó ilegalmente al poner fin a las protecciones legales que permitían a cientos de miles de venezolanos vivir y trabajar en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El fallo, emitido por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, confirmó la decisión de un tribunal inferior que determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se extralimitó en sus funciones al cancelar el programa de protección para los venezolanos. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya había permitido en octubre la entrada en vigor de la decisión de Noem mientras se resuelve de forma definitiva el caso, por lo que el dictamen no tiene efecto inmediato.
La decisión también abarca el TPS de Haití. El Noveno Circuito ratificó que Noem excedió su autoridad al poner fin anticipadamente al programa para ciudadanos haitianos, que actualmente aguardan la determinación de un tribunal federal en Washington y cuya protección está programada para concluir el 3 de febrero.
Los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony Johnstone señalaron que la ley del TPS aprobada por el Congreso no concede a la secretaria de Seguridad Nacional el poder de revocar una designación vigente. Wardlaw, nominada por el presidente Bill Clinton, sostuvo que las acciones de Noem “han tenido consecuencias reales y significativas” para los beneficiarios venezolanos y haitianos que dependen del TPS. Añadió que el expediente incluye múltiples casos de personas trabajadoras y sin antecedentes penales que fueron deportadas tras perder esa protección.
El TPS, creado bajo la Ley de Inmigración de 1990, permite otorgar estatus legal temporal a quienes huyen de guerras, desastres naturales o crisis que impiden su retorno seguro. Las designaciones se otorgan por periodos renovables de entre seis y 18 meses, y mientras están vigentes protegen de la deportación y permiten trabajar legalmente, aunque no conducen a la ciudadanía.
Noem argumentó que las condiciones en Haití y Venezuela habían mejorado y que mantener el TPS ya no respondía al interés nacional. Sin embargo, millones de venezolanos continúan huyendo de una profunda crisis económica y política, y Haití sufre aún los efectos del terremoto de 2010, junto con violencia de bandas y hambre generalizada.
En una opinión concurrente, el juez Mendoza subrayó que existían “amplias pruebas de animadversión racial y de origen nacional”, y sostuvo que las determinaciones de Noem estaban “predeterminadas y se basaban en estereotipos negativos” hacia inmigrantes venezolanos y haitianos.
El fallo refuerza la postura de sectores que consideran que la cancelación del TPS fue motivada por prejuicios más que por análisis de política pública, mientras miles de personas continúan a la espera de una resolución definitiva en los tribunales estadounidenses.
