Diversas entidades comunitarias y ambientales alertaron que la redefinición de la zona marítimo terrestre (ZMT), aprobada por la Cámara de Representantes bajo el Proyecto de la Cámara (PC) 25, pone en riesgo los ecosistemas costeros y abre la puerta a la privatización de terrenos de dominio público.
Vanessa Uriarte, de la organización Amigxs del M.A.R., señaló que la medida “se basa en la propiedad y no en la naturaleza”. A su juicio, la definición aprobada reduce el espacio de protección existente y favorece la propiedad privada por encima del acceso público y la salud ambiental. También expresó preocupación por la exclusión de la marejada ciclónica en la ley, lo que considera un riesgo directo para comunidades costeras y una posible flexibilización de permisos de construcción.
El PC 25, impulsado por el presidente Carlos “Johnny” Méndez, fue aprobado por descargue a pesar de la oposición de grupos ambientales. Estas organizaciones reconocen la necesidad de actualizar la definición de la ZMT, pero reclaman que se base en criterios científicos y en la realidad geográfica del archipiélago.
Algunas voces han denunciado que el proyecto podría facilitar la legalización de construcciones en áreas sensibles, como el litoral de la Reserva Natural La Parguera, en Lajas, donde los suegros de la gobernadora Jenniffer González poseen propiedades.
Según la descripción legislativa, la ZMT abarcaría el espacio que baña el mar “en su flujo y reflujo hasta donde llega la línea del nivel medio de pleamar mayor determinada sobre una época mareal de 19 años”, excluyendo las marejadas ciclónicas. Críticos sostienen que esa definición limita el disfrute público de las costas y pone en peligro especies como manglares, dunas y corales.
Para Mariela Declet Pérez, fundadora de Eukrante, la medida demuestra que “los representantes que votaron a favor no consideran el cambio climático ni las dinámicas naturales costeras”. Por su parte, la Fundación Surfrider advirtió que reducir la ZMT agravaría la erosión costera y comprometería el acceso público. “La historia reciente ha demostrado que permitir construcciones tan cerca del mar ha tenido consecuencias devastadoras”, expresó su gerente de programas, Héctor “Tito” Varela, quien recordó que Puerto Rico tiene 1,500 playas y solo un 30% de ellas son de arena.
Asimismo, la abogada de Política Pública de la Unión Americana de Libertades Civiles, Lolimar Rodríguez, sostuvo que el proyecto debilita las protecciones costeras, facilita reclamos privados sobre terrenos antes públicos y no considera el impacto del aumento en el nivel del mar. “Puerto Rico necesita fortalecer sus bienes costeros con base científica y visión de largo plazo, no reducir su protección para beneficiar intereses privados”, concluyó.
La medida pasa ahora a evaluación en el Senado.
