El presidente Donald Trump manifestó su intención de aliviar las tensiones en Minneapolis tras un segundo tiroteo mortal cometido por agentes federales de inmigración, pero en las calles apenas se percibían cambios después de semanas de choques entre autoridades y manifestantes.
La Casa Blanca envió a Minnesota al principal asesor fronterizo de Trump para asumir la supervisión de las redadas migratorias. El presidente también ofreció gestos de acercamiento hacia los demócratas locales. Señaló haber tenido una llamada “en una onda similar” con el gobernador Tim Walz, a quien había criticado en repetidas ocasiones, y elogió su conversación con el alcalde Jacob Frey, asegurando que “se están haciendo muchos progresos”.
Pese a estos mensajes, los operativos de inmigración siguieron activos tanto en Minneapolis como en St. Paul. Manifestantes siguieron a vehículos federales, hicieron sonar silbatos y mantuvieron bajo observación a los agentes. Durante una de estas acciones, reporteros de Associated Press aseguraron haber sido empujados y amenazados por funcionarios de la Oficina Federal de Prisiones, a pesar de haberse identificado como prensa.
La ciudad vivió otra jornada de tensión: agentes de diversas agencias federales emplearon gas pimienta y realizaron arrestos, aunque no siempre estaba claro si los detenidos eran el objetivo de las operaciones. En el consulado ecuatoriano, un agente federal intentó ingresar sin autorización antes de ser detenido por el personal.
Mientras tanto, Trump usó las redes sociales para advertir que el alcalde estaba “jugando con fuego” al no apoyar sus medidas de seguridad.
En un hecho separado, la representante demócrata Ilhan Omar fue atacada durante una reunión comunitaria por un hombre identificado como Anthony Kazmierczak, de 55 años, quien le arrojó una sustancia con olor fuerte. El individuo, con antecedentes penales por robo y varias detenciones por conducir ebrio, había mostrado en redes apoyo a Trump y críticas hacia los demócratas y el ex presidente Joe Biden. Omar continuó su intervención tras el incidente y afirmó no haber resultado herida.
En paralelo, los tribunales federales debatían una demanda presentada para suspender las redadas migratorias y exigir la comparecencia del jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en medio de denuncias judiciales sobre deficiencias en el debido proceso para algunos inmigrantes.
