Diversas organizaciones comunitarias y ambientales advirtieron que la redefinición de la zona marítimo terrestre (ZMT), aprobada el martes en la Cámara de Representantes como parte del Proyecto de la Cámara (PC) 25, amenaza los ecosistemas costeros de Puerto Rico y abre la puerta a la privatización de bienes públicos. La medida, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez, ha generado preocupación por basarse en criterios de propiedad y no en principios ambientales.
Vanessa Uriarte, de la organización Amigxs del M.A.R., señaló que la nueva definición “reduce el espacio de salvaguarda posterior a la ZMT y refuerza la propiedad privada sobre el acceso público y el bienestar del ecosistema”. Indicó además que la exclusión de referencias a las marejadas ciclónicas pone en riesgo la seguridad de comunidades costeras y facilita permisos de construcción en zonas vulnerables.
Diversas voces sostienen que el proyecto podría servir para “legalizar” estructuras en áreas controvertidas como el litoral de la Reserva Natural La Parguera, en Lajas, donde familiares de la gobernadora Jenniffer González poseen propiedades. Ante ello, Amigxs del M.A.R. propuso crear una comisión legislativa conjunta y utilizar criterios científicos para definir la ZMT acorde a la realidad geográfica del país.
El PC 25 describe la ZMT como el área de las costas que baña el mar en su flujo y reflujo hasta la línea de pleamar mayor promedio en un periodo de 19 años, excluyendo las marejadas ciclónicas. Sin embargo, para la fundadora de Eukrante, Mariela Declet Pérez, esta definición ignora el impacto del cambio climático y las dinámicas naturales costeras, además de poner en riesgo manglares, dunas y arrecifes.
En un comunicado, las organizaciones denunciaron que la medida expone a pescadores, comunidades y sectores turísticos locales a los efectos de la erosión costera. Héctor “Tito” Varela, de la Fundación Surfrider, recordó que Puerto Rico tiene 1,500 playas, de las cuales solo un 30% son de arena. “No podemos darnos el lujo de perder más playas. Son vitales para el acceso público, el turismo y el equilibrio ecológico”, dijo.
La abogada de Política Pública de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, Lolimar Rodríguez, afirmó que el proyecto debilita la protección constitucional de las costas y podría permitir reclamos privados sobre terrenos antes bajo dominio público, sin considerar el aumento del nivel del mar. “Puerto Rico necesita fortalecer sus bienes costeros con base científica y visión de largo plazo, no reducir su protección para beneficiar intereses privados”, concluyó.
