Jueces del Tribunal Federal en San Juan emitieron nuevas órdenes que frenan temporalmente la remoción de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Puerto Rico.
Una de las determinaciones fue firmada por el juez presidente del Tribunal Federal, Raúl Arias Marxuach, en el caso de Joan Alberto Zorrilla Lora, ciudadano dominicano. El tribunal informó que Zorrilla Lora llegó a la isla sin los procedimientos de admisión requeridos, se casó con una ciudadana estadounidense y en 2024 obtuvo la aprobación de su petición de relación como extranjero, proceso que continúa ante la corte de inmigración.
El pasado 8 de enero fue detenido por la Policía Municipal de Carolina por una infracción de tránsito. Presentó su licencia de conducir emitida por el Gobierno de Puerto Rico con la indicación de “no ciudadano”. Fue citado nuevamente y, al presentarse el 15 de enero, agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) lo arrestaron. Desde entonces, está recluido en un centro de detención en Aguadilla y solicitó una orden de emergencia para evitar su traslado a Florida, junto con su liberación bajo habeas corpus.
El juez Arias Marxuach le concedió una fianza de $100 y ordenó que permanezca en Puerto Rico por al menos diez días, además de requerir que ICE responda a la alegación de habeas corpus antes del viernes a las 5:00 p.m.
En otro caso, la jueza federal Aida Delgado dictó una orden similar en favor de Ramón Ibaldi Valdez, también dominicano, residente en Puerto Rico desde 2016. Según la orden, Ibaldi fue arrestado por ICE el 23 de enero y debía ser transferido a Miami cuatro días después, pese a tener una petición de relación como extranjero aprobada en 2022 tras casarse con una residente permanente estadounidense.
Ibaldi alegó que fue detenido ilegalmente sin derecho a fianza, lo cual, según la jueza, podría ser una interpretación errónea de la ley federal. Delgado concluyó que el demandante tiene derecho a una audiencia de fianza y que la ausencia de una orden de restricción temporal podría causarle un daño irreparable. Ordenó que no sea removido de Puerto Rico mientras se atiende su solicitud, y dio hasta el 2 de febrero para que ICE responda.
Casos previos similares, presentados por Diogene Fermín Fernández y Martín Medina de la Cruz, lograron órdenes de suspensión por parte de los jueces Pedro Delgado y Gina Méndez Miró. En todos los casos, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico ha sostenido que los detenidos no representan peligro ni riesgo de fuga. La organización reiteró que continuará usando los tribunales para exigir al gobierno federal respeto al debido proceso, acceso a fianza y el fin de los traslados punitivos que afectan desproporcionadamente a las comunidades inmigrantes en la isla.
