La Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) presentó una denuncia federal contra Pedro Luis Pérez Cruz, de 18 años, uno de los arrestados en una residencia de Canóvanas donde la Policía encontró a cinco menores en alegadas condiciones infrahumanas.
Según el documento radicado en el Tribunal Federal, a Pérez Cruz se le acusa de posesión con intención de distribuir cocaína, crack, fentanilo y marihuana, además de tener un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática. El arresto ocurrió luego de múltiples querellas sobre actividades de drogas en una vivienda del barrio La Central.
Las denuncias anónimas alertaban sobre un constante flujo de personas y vehículos durante la noche y la presencia de armas en el lugar. La Policía comenzó una vigilancia el 15 de enero y observó a Pérez Cruz salir con una bolsa tipo “zip-loc” y luego manejar un arma.
Cuatro días después, agentes lo vieron con otro hombre de 28 años —también arrestado— y una bolsa que parecía contener marihuana. Tras obtener una orden judicial, el 22 de enero se llevó a cabo el allanamiento. Allí, Pérez Cruz intentó deshacerse de una cartera por una ventana.
Durante el registro, las autoridades incautaron marihuana, cocaína, fentanilo, crack, $191 en efectivo, una pistola Glock modelo 19x alterada para disparar automáticamente, un cargador “tambor” con 41 municiones y otro con 32 balas. Pérez Cruz admitió que el arma era suya.
En la vivienda había cinco niños, quienes quedaron bajo la custodia del Departamento de la Familia. El director de la División de Inteligencia y Arrestos, Joey Fontánez, describió el lugar como “con poco aseo y en deterioro violento en la cocina y los cuartos”.
Posteriormente, el Departamento de la Familia intervino con otros tres menores en otra residencia, todos familiares de uno de los niños encontrados. La secretaria de la agencia, Suzanne Roig, informó que de los ocho menores en total, seis fueron ubicados en hogares del Departamento y dos reubicados con familiares sin antecedentes.
“Están con recurso familiar, pero reciben servicios de ADFAN para reforzar medidas de protección y seguridad”, explicó Roig. Indicó que todos los menores están en buen estado y no se detectaron otros tipos de maltrato.
Una madre denunció públicamente que le removieron tres hijos que no estaban presentes en el allanamiento, pero Roig respondió que todas las acciones se toman con base en la seguridad inmediata de los menores y bajo autorización judicial.
