Las deficiencias persistentes en los controles y el monitoreo financiero del gobierno de Puerto Rico siguen siendo una seria amenaza para la estabilidad fiscal del país, advirtió la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). El organismo proyectó que el Fondo General comenzará a registrar déficits tan pronto como en el año fiscal 2027-2028, tendencia que también afectaría el presupuesto consolidado.
Según el informe financiero correspondiente al último trimestre del año fiscal 2024-2025, publicado el pasado viernes, la JSF identificó aproximadamente $411 millones en gastos incurridos pero no registrados oficialmente. De ese total, cerca de $90 millones corresponden al Departamento de Educación, unos $22 millones al Departamento de la Policía y alrededor de $299 millones a otros gastos del gobierno central.
El ente fiscal destacó que históricamente estas deficiencias derivan de la fragmentación de los sistemas de contabilidad gubernamental, ya que las agencias utilizan seis plataformas distintas. Además, señaló la falta de controles contables al cierre de los ejercicios fiscales, lo que permite que se continúen ajustando registros incluso más de un año después. Como resultado, al 30 de junio de 2025 todavía no se había completado el informe financiero anual de 2023, 731 días después del cierre de ese año fiscal.
La JSF indicó que, tras siete años de intentos fallidos, el gobierno espera finalmente poner en marcha un sistema centralizado de planificación de recursos entre julio de 2026 y enero de 2027.
El informe de 25 páginas enumera varios riesgos fiscales, entre ellos la incertidumbre sobre los fondos federales para Medicaid después de septiembre de 2027, posibles recortes en asignaciones federales y los retrasos en los desembolsos de reconstrucción. También menciona el estancamiento de los principales indicadores económicos, agravado por una desaceleración en la creación de empleo en Estados Unidos.
Aunque las proyecciones muestran superávits mínimos de unos $100 millones hasta el año fiscal 2026-2027, la JSF advierte que para 2027-2028 los ingresos del Fondo General caerían a $13,542 millones frente a gastos de $13,777 millones, reflejando un déficit de $235 millones. Un año después, esa deficiencia podría ascender a $1,268 millones sin medidas correctivas. En el presupuesto consolidado, el déficit proyectado sería de $845 millones.
El organismo subrayó que existen riesgos significativos para el plan fiscal futuro, incluyendo la dependencia de fondos federales no recurrentes y potenciales aumentos en el gasto estatal para cubrir costos de recuperación y proyectos de infraestructura sin acceso adecuado a los mercados.
En cuanto a Medicaid, la JSF recalcó que la diferencia entre la asignación federal actual y la prevista tras septiembre de 2027 supera los $3,000 millones anuales. De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO), el tope de financiamiento federal para Puerto Rico podría caer de $4,000 millones a unos $500 millones en octubre de 2027, lo que obligaría al gobierno a cubrir más del 90% de los costos del programa, una proporción tres veces mayor que la de un estado promedio de Estados Unidos.
