Con 16 votos en contra, entre ellos cinco del Partido Nuevo Progresista (PNP), la Cámara de Representantes aprobó un proyecto del presidente Carlos “Johnny” Méndez que redefine la zona marítimo terrestre (ZMT). La legisladora Adriana Gutiérrez, del Partido Independentista Puertorriqueño, advirtió que la medida amenaza el acceso del pueblo a los bienes de dominio público y “cambiaría las playas tal y como las conocemos hoy”.
Diversos sectores, incluidos el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, el senador independiente Eliezer Molina y organizaciones ambientales, han sostenido que la propuesta allanaría el camino para legalizar construcciones cuestionadas en La Parguera, en Lajas, donde los suegros de la gobernadora Jenniffer González poseen propiedades.
El Proyecto de la Cámara 25 fue introducido por Méndez al comenzar el cuatrienio, y su aprobación llega poco después de que la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, presidida por Thomas Rivera Schatz, emitiera un informe negativo sobre una medida similar del Ejecutivo. Esa otra propuesta, el Proyecto del Senado 272, fue presentada por la gobernadora en medio de una investigación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por presuntas construcciones ilegales de sus familiares en La Parguera.
El texto legal redefine la ZMT como el espacio costero que el mar cubre en su flujo y reflujo hasta el nivel medio de la pleamar mayor, según una medición de 19 años, excluyendo marejadas ciclónicas, e incluye terrenos ganados al mar y márgenes de ríos hasta donde sean navegables o se noten las mareas.
Para Gutiérrez, la redefinición ignoró criterios científicos y climáticos: “Se presenta bajo un discurso de modernización, pero representa un serio retroceso en la protección de nuestras costas”.
El informe de la Comisión de Recursos Naturales incorporó la opinión de entidades como el Municipio de Manatí, que alertó que el nuevo lenguaje podría debilitar la protección del dominio público y alterar el equilibrio entre los intereses privados y la función ecológica del litoral. “Adoptar una definición legal que otorgue prioridad a la titularidad privada sin considerar la transformación física del espacio litoral podría dificultar los objetivos de conservación”, advirtió el municipio, liderado por José Sánchez, del PNP.
Votaron en contra los representantes del PNP José “Che” Pérez Cordero, Emilio Carlo Acosta, Roberto López Román, Joel Franqui Atiles y Jerry Nieves Rosario. Los dos últimos solicitaron abstenerse, pero el presidente de la Cámara no lo permitió. A favor lo hicieron los legisladores del PPD Domingo Torres García y Estrella Martínez, así como la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos.
