La Cámara de Representantes aprobó, sin vistas públicas y por descargue, el Proyecto del Senado (PS) 923 que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido. La medida recibió 33 votos a favor y 10 en contra.
Entre quienes rechazaron la propuesta figuran la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), compuesta por Adriana Gutiérrez Colón, Denis Márquez y Nelie Lebrón, así como varios representantes del Partido Popular Democrático (PPD): Ramón Torres Cruz, Domingo Torres, Estrella Martínez, José “Cony” Varela y Héctor Ferrer Santiago. Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Roberto López Román y José “Che” Pérez Cordero también votaron en contra.
El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, defendió la aprobación del PS 923 argumentando que la medida protege la vida de las mujeres y “la criatura que está dentro del útero”. Añadió que cumple el compromiso con el pueblo de aprobar leyes para defender la vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas por nacer.
La pieza legislativa incorpora una enmienda al Artículo 93 del Código Penal (Ley 146-2012) para establecer que el término “ser humano” incluye “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”. El portavoz del PNP en la Cámara, José “Pichy” Torres Zamora, explicó que la modificación implica dos asesinatos en casos donde mueren tanto la gestante como el feto.
La exposición de motivos del PS 923 sostiene que la medida busca mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales vigentes, en línea con la llamada “Ley Keishla Madlane” (Ley 166-2025), que sanciona como asesinato en primer grado la muerte de una mujer embarazada y del concebido. También se relaciona con la Ley 183-2025, que reconoció al concebido como persona natural bajo el Código Civil.
Críticas no se hicieron esperar. La representante del PIP Adriana Gutiérrez Colón cuestionó la falta de vistas públicas y advirtió que el proyecto constituye “una medida que atenta contra los principios de intimidad del ser humano, particularmente de las mujeres”. Por su parte, Estrella Martínez del PPD denunció que la propuesta “criminaliza a las mujeres”.
Fuera del hemiciclo, organizaciones feministas como Aborto Libre se manifestaron frente al Capitolio. Su portavoz, la abogada Yanira Reyes Gil, afirmó que el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico y alertó que la legislación busca crear confusión y erosionar derechos constitucionales. La abogada Rosa Seguí calificó la aprobación como “una afrenta a la democracia” por la ausencia de participación ciudadana.
Asimismo, la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario, sostuvo que el proyecto “abre la puerta a la criminalización del aborto, crea incertidumbre legal para profesionales de la salud y pone en riesgo la vida y autonomía de las personas gestantes”. Según Rosario, la acción legislativa “representa un grave retroceso que profundiza la desigualdad y la violencia estructural contra las mujeres”.
