La Policía recomendó este martes varias enmiendas al Proyecto del Senado 916, impulsado por la administración, que busca permitir el tránsito de vehículos todoterreno en vías públicas. Entre sus sugerencias se encuentra restringir su circulación a caminos vecinales y carreteras secundarias o terciarias, así como elevar a 18 años la edad mínima para operarlos —dos años más de lo que propone la legislación actual.
El coronel Orlando Rivera, superintendente asociado de la Policía, advirtió en una vista pública de la Comisión de Transportación del Senado que estudios federales reflejan que el uso de estos vehículos en carreteras representa un riesgo considerable para la seguridad vial. Citó estadísticas de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos que apuntan a unas 700 muertes anuales relacionadas con accidentes de “four tracks”.
La ponencia, firmada también por el superintendente Joseph González, incluyó la propuesta de enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000) para obligar a los concesionarios a registrar los vehículos ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) antes de su entrega al comprador. Según Rivera, esta medida ayudaría a reducir la circulación de unidades sin registro y a mejorar los datos sobre su cantidad real en el país.
Durante la vista, los legisladores mostraron reservas sobre el proyecto, y ninguno —incluidos los del Partido Nuevo Progresista (PNP)— expresó apoyo a la versión actual. El PS 916 establece un registro “VTT Street-Legal” que permitiría el uso de ciertos vehículos todoterreno en vías públicas, incluidas autopistas y carreteras de acceso controlado.
El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, y el director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), José “Memo” González Mercado, rechazaron que se fijen por ley las carreteras autorizadas para esos vehículos. Argumentaron que debe hacerse mediante reglamento, lo que les daría mayor flexibilidad. “Si la ponemos estatutariamente sin reglamento, le pones una camisa de fuerza al DTOP”, sostuvo González Mercado. El senador Héctor Joaquín Sánchez respondió que los conductores merecen saber con qué tipo de vehículos compartirán las vías.
Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), recordó que la Ley 22 ya contempla el registro obligatorio y otorga facultad a la Policía para confiscar las unidades no registradas. “Los controles ya existen”, expresó.
La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) respaldó el proyecto, aunque alertó que la inclusión de nuevas categorías de vehículos podría impactar su sistema de compensaciones, por lo que recomendó establecer primas diferenciadas.
Finalmente, Sánchez afirmó que el objetivo es legislar basándose en datos y diálogo, buscando un equilibrio entre el uso recreativo de estos vehículos y la seguridad vial.
