El gobierno español anunció este martes que concederá estatus legal a cientos de miles de inmigrantes que residen y trabajan en el país sin autorización. La medida, que rompe con la tendencia de políticas más duras en materia migratoria observadas en Estados Unidos y Europa, fue calificada como “histórica” por la ministra española de Migración, Elma Saiz.
Tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, Saiz explicó que se modificará la ley de inmigración mediante un decreto acelerado que permitirá otorgar residencia legal de hasta un año y autorización de trabajo a los inmigrantes que cumplan ciertos requisitos. Este permiso se aplicará a quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan demostrar al menos cinco meses de residencia, además de no tener antecedentes penales.
“Hoy es un día histórico”, declaró Saiz, al estimar que la medida podría beneficiar a entre 500,000 y 800,000 personas que viven actualmente sin papeles en España. La mayoría son trabajadores latinoamericanos y africanos empleados en el sector agrícola, el turismo y los servicios, pilares fundamentales de la economía española.
El decreto permitirá acelerar un proceso que se había paralizado en el Parlamento, donde una iniciativa similar no lograba avanzar. Según Saiz, los inmigrantes podrán comenzar a solicitar su regularización a partir de abril, cuando entre en vigor la nueva normativa.
La decisión tomó por sorpresa a muchos sectores y se produjo tras un acuerdo de última hora entre el gobernante Partido Socialista y el partido de izquierdas Podemos, a cambio de apoyo parlamentario al gobierno del presidente Pedro Sánchez. La medida fue celebrada por organizaciones pro inmigrantes y asociaciones católicas que habían impulsado campañas y recogido más de 700,000 firmas para promover un proyecto de ley similar en 2024.
Mientras otros países, alentados por posturas restrictivas como las de la administración Trump, optan por limitar la inmigración y el asilo, España ha apostado por un enfoque distinto. El presidente Pedro Sánchez y sus ministros han defendido reiteradamente que la inmigración aporta beneficios económicos y sociales al país.
