El sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU) solicitó a la gobernadora Jenniffer González destituir a los directivos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) por presuntas prácticas antiobreras.
“La gobernadora le prometió a los trabajadores que nombraría jefes que respetaran sus derechos y dialogaran con los sindicatos”, expresó Jessica Martínez, presidenta de SPU.
En un anuncio publicado este martes, el sindicato pidió remover en el DRNA al secretario Waldemar Quiles, al subsecretario Nelson Cruz, al subcomisionado Edwin Rodríguez, a la directora de Recursos Humanos Binda Santiago y a la directora legal Brendaliz González. En la ARV, solicitaron la salida de todos los directores regionales, ayudantes especiales y de la administradora Rosa Lugo.
Martínez indicó que, ante la falta de acción por parte de La Fortaleza, la unión inició la campaña “Limpia tu casa” dirigida a ambas agencias. Señaló particularmente a Nelson Cruz, también comisionado del Cuerpo de Vigilantes, de encabezar una supuesta campaña para indisponer al personal contra el sindicato, además de emitir comentarios machistas. También criticó a la directora de Recursos Humanos del DRNA por limitar horas extra y actuar de forma arbitraria, lo que —según dijo— podría poner en riesgo la seguridad pública.
En respuesta, Quiles negó las acusaciones y defendió el desempeño de su equipo: “Ellos están haciendo lo que les corresponde. Desde el primer día le dije a la presidenta de SPU que lo que pueda dar, lo daré, y lo que no, se lo diré de frente”. Aseguró que los vigilantes atraviesan su mejor momento en décadas y que la agencia ya identificó fondos para el aumento salarial previsto desde 2024.
Martínez denunció además traslados arbitrarios, como el de la coordinadora de SPU en Ponce, acto que consideró un intento de debilitar la representación sindical. Quiles respondió que esos movimientos se basan en las necesidades del servicio.
Sobre la ARV, Martínez afirmó que algunos directores regionales no respetan los derechos laborales y han permitido que personal trabaje sin agua, sin luz y sin condiciones adecuadas de seguridad. También denunció que se ha limitado la presencia de representantes sindicales en reuniones con los empleados. La agencia, en declaraciones escritas, aseguró que reconoce plenamente los derechos negociados, atiende querellas formalmente y se reúne periódicamente con los sindicatos. Además, negó promover un ambiente hostil y afirmó contar con protocolos de seguridad adecuados.
Por otro lado, el Programa de Solidaridad de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (ProSol Utier) señaló el “desinterés” de la gobernadora en exigir a la Junta de Supervisión Fiscal la implementación de los convenios colectivos de la Oficina del Procurador del Veterano y de la Autoridad de Carreteras y Transportación, firmados en diciembre de 2023 y octubre de 2024. “No hay razón para que, casi dos años después, sigan sin implementarse”, dijo el coordinador Ángel Figueroa Jaramillo, quien enfatizó que los acuerdos beneficiarían a más de 300 empleados públicos que no reciben aumentos salariales desde hace más de 12 años.
