La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, informó que personal de la agencia visitó a Ramona Cruz Sanabria, de 78 años, para evaluar sus necesidades y trazar un plan de servicios luego de que el Tribunal de Primera Instancia autorizó la orden de desahucio de su hogar en el sector Playuela, en Aguadilla.
“Nosotros, ayer mismo, incluso antes de que nos llegara la orden del Tribunal, advinimos en conocimiento de las circunstancias, así que se activaron nuestros equipos. Hoy hemos estado trabajando con lo que nos corresponde y en apoyo al Departamento de la Vivienda para que esta señora cumpla con la orden, pero sobre todo atender y satisfacer sus necesidades con los recursos que tenemos”, indicó Roig Fuertes a El Nuevo Día.
La funcionaria detalló que cada caso se maneja de forma individual y que a Cruz Sanabria y su familia se les brindarán todas las opciones disponibles, incluyendo orientación, asistencia y acompañamiento durante el proceso. Subrayó que la participación de la afectada es “completamente voluntaria”.
“El objetivo es siempre el bienestar del ciudadano. En este caso, respetamos su autonomía y le presentamos todas las oportunidades para que ella decida el grado de apoyo que desea”, añadió.
El Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla emitió el martes una orden de lanzamiento, última fase del proceso de desahucio. Por tratarse de una persona adulta mayor, el Tribunal estableció como fecha límite el 10 de febrero para que el Departamento de la Familia, el Departamento de la Vivienda y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada coordinen el desalojo junto a los alguaciles, explicó la abogada Ariadna Godreau Aubert, representante legal de Cruz Sanabria.
Una portavoz de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada indicó que aún evalúan las alternativas disponibles. Mientras, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, informó que activó varias unidades municipales para apoyar a la familia con la gestión de un vale de Sección 8, los servicios de alimentos en el hogar y la asignación de una ama de llaves. Agregó que, en 2023, el municipio ayudó con gastos legales y le ofreció un vale de emergencia para conseguir una vivienda permanente, oferta que fue rechazada.
Cruz Sanabria reside junto a su esposo y sus dos hermanos, también adultos mayores. Contó a este medio que su familia ha vivido en los terrenos por más de 140 años, propiedad de la empresa Playa India. La decisión del Tribunal ha generado indignación en redes sociales y una convocatoria a una protesta el 7 de febrero, que partirá desde la Casa Alcaldía hasta la residencia de la familia.
Diversos artistas también se han unido para donar fondos destinados a la compra de una nueva vivienda.
El litigio comenzó en 1993, cuando la empresa Playa India demandó a Cruz Sanabria; el fallo a favor de la compañía fue emitido en 1997. En 2018, la empresa volvió al Tribunal de Aguadilla y el desahucio se concedió en 2023. Tras recurrir al Tribunal Supremo en dos ocasiones, la solicitud de reconsideración de Cruz Sanabria fue denegada en 2024. La defensa argumentó que la familia es dueña legítima del terreno bajo la figura de la usucapión, contemplada en el Código Civil.
