El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, concedió al componente fiscal del gobierno un plazo de 10 días para remitir toda la documentación que detalle los intercambios entre la administración de Jenniffer González y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la propuesta reforma contributiva, así como las proyecciones de impacto al erario para los próximos años.
“La información requerida deberá ser remitida al Senado no más tarde de 10 días laborables a partir de la notificación de este requerimiento, en formato digital, con todos los anejos y certificaciones correspondientes”, indicó Rivera Schatz en la comunicación que publicó en redes sociales.
La carta, dirigida al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, también fue enviada a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). El Senado exige una lista detallada y documentada de todas las recomendaciones que la JSF haya hecho al gobierno sobre la reforma contributiva.
El requerimiento surge un día después de que el portavoz de la minoría popular en el Senado, Luis Javier Hernández, asegurara, tras reunirse con el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, que la eliminación de las exenciones del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) en equipos de energía renovable fue una propuesta del gobierno, y no del organismo fiscal, como había dicho González.
Según el gobierno, eliminar esa exención generaría unos $18 millones anuales, equivalente al 3% de los $550 millones que se reducirían en recaudos por las rebajas tributarias. Mujica no ha expresado públicamente la postura de la JSF sobre el proyecto.
Rivera Schatz también pidió copias de toda la documentación relacionada con reuniones con la JSF y con el Comité de Reforma Contributiva creado por la primera ejecutiva. Solicitó, además, modelos financieros que proyecten el impacto de la medida hasta el año fiscal 2030-2031 y el borrador más reciente del plan fiscal con supuestos macroeconómicos, elasticidades, escenarios alternos y análisis de sensibilidad.
El presidente senatorial solicitó igualmente detallar la estrategia fiscal y presupuestaria de la Rama Ejecutiva para mitigar riesgos asociados a la expiración de fondos federales de Medicaid, los cuales vencen en septiembre de 2027. Si no se renuevan, Puerto Rico podría perder más de $3,000 millones anuales.
Finalmente, el requerimiento demanda una tabla que identifique las agencias que enfrentarían recortes para financiar la reforma contributiva y precise si las reducciones serían permanentes o temporales.
