Senado aprueba crear registro de personas sordas en Puerto Rico

La medida busca recopilar estadísticas confiables y mejorar los servicios a la comunidad sorda.
La legislación pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes

El Senado de Puerto Rico aprobó la Ley del Registro de Personas Sordas en Puerto Rico, una medida dirigida a atender las necesidades de esta comunidad mediante la recopilación de información oficial y confiable.

El Proyecto del Senado 792, presentado por la senadora del Distrito Mayagüez–Aguadilla, Karen Román, pasa ahora a la Cámara de Representantes. Si se aprueba sin enmiendas, será enviado a La Fortaleza para la firma de la gobernadora Jenniffer González.

La legislación propone, por primera vez, la creación de un registro que permita obtener datos estadísticos sobre la población sorda, con el fin de optimizar la planificación gubernamental, la toma de decisiones y el desarrollo de servicios públicos.

“Esta medida responde a una necesidad real. Sin información precisa no se puede desarrollar política pública efectiva. Hoy el Senado actúa con responsabilidad para garantizar que la comunidad sorda sea atendida con datos, planificación y acciones concretas”, expresó Román tras la aprobación del proyecto.

El registro será administrado por el Departamento de Salud, en coordinación con la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) y la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda (OECS). La medida dispone que se utilicen los recursos humanos, tecnológicos y administrativos existentes, sin crear nuevas plazas ni generar costos adicionales al erario público.

De acuerdo con la senadora, la iniciativa permitirá recopilar estadísticas precisas para facilitar la planificación de programas y servicios dirigidos a la comunidad sorda. Además, busca identificar necesidades relacionadas con intérpretes de lenguaje de señas y sistemas de comunicación accesible, fortalecer la respuesta del gobierno ante emergencias y garantizar el cumplimiento de las leyes.

La legislación incluye disposiciones de confidencialidad que aseguran la protección de los datos recopilados y su uso exclusivo para los fines autorizados por ley.

“La política pública debe construirse desde la realidad de la gente. Este registro permitirá al Gobierno actuar con mayor precisión, responsabilidad y sensibilidad social”, puntualizó Román.

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